El Gobierno resolvió avanzar formalmente en la causa por la usurpación de un inmueble provincial destinado a la construcción de un centro de salud en el Valle de Uco.
A través del Decreto N° 2520, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo instruyó a la Asesoría de Gobierno a constituirse como querellante particular en la investigación penal que se tramita en la Unidad Fiscal del Valle de Uco por reiteradas ocupaciones ilegítimas de un predio estatal en Tunuyán.
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El inmueble en cuestión fue adquirido en 2024 por el Ministerio de Salud y Deportes y está ubicado en la localidad de Puente del Río, donde estaba prevista la construcción del nuevo edificio del Centro de Salud N° 191. Según consta en el decreto, el predio fue objeto de reiteradas usurpaciones y amenazas a la posesión, una situación que el Gobierno calificó como grave por tratarse de un bien del Estado afectado directamente a la prestación de un servicio público esencial como la salud.
La causa judicial, caratulada “Fiscal c/ NN p/ Usurpación”, se inició a partir de una denuncia presentada por el Coordinador Regional del Valle de Uco. En ese marco, el Ejecutivo provincial consideró necesario asumir un rol activo dentro del proceso penal para procurar la acreditación del hecho delictivo y la eventual responsabilidad penal de los imputados, conforme a lo previsto por el Código Procesal Penal.
El decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, y habilita a los abogados de la Asesoría de Gobierno, con intervención del Fiscal de Estado, a actuar en representación de la Provincia. La decisión apunta a resguardar el patrimonio público y garantizar la continuidad de un proyecto sanitario que forma parte de la infraestructura planificada para el departamento de Tunuyán.