La Justicia investiga a una empresa constructora por una serie de denuncias que se fueron presentando durante este año por presuntas estafas vinculadas a la edificación de viviendas bajo la modalidad “llave en mano” en distintas zonas de Luján de Cuyo, incluso barrios privados.
La causa está a cargo de la fiscal Susana Muscianisi, al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos, y ya reúne varios con un patrón de maniobra que, surge de los diferentes expedientes que se iniciaron cada vez que declaraba cada una de las víctimas, se repite con escasas variaciones.
De acuerdo con las denuncias incorporadas, la firma CivilTec ofrecía proyectos integrales de vivienda, solicitaba el pago total o la mayor parte del monto pactado en etapas tempranas y daba comienzo a las obras con cuadrillas reducidas, integradas mayoritariamente por jóvenes sin experiencia y sin supervisión profesional visible. Con el paso del tiempo, los trabajos comenzaban a evidenciar falencias graves y el ritmo de avance se volvía irregular hasta la paralización total, destacaron los denunciantes.
En uno de los casos que llegó al Ministerio Público, la obra debía finalizar en diciembre de 2022, pero nunca fue concluida. En ese expediente consta que el propietario entregó a la empresa una suma cercana a los 6 millones de pesos entre 2020 y 2022, dinero que actualizado por inflación alcanzaría actualmente un valor aproximado de 80 millones. A pesar de haber cobrado la totalidad del contrato, la vivienda quedó inconclusa y con un grado de avance estimado en apenas un 60 por ciento.
Los conflictos se agravaron, destacó el abogado querellante Juan Franco Ferraris, cuando los dueños de las casas empezaron a advertir problemas estructurales que excedían simples defectos de terminación. En varios testimonios se describe la existencia de pisos hundidos, muros fuera de plomo y escuadra, techos mal ejecutados, aberturas mal colocadas y ausencia de aislaciones básicas, situaciones que motivaron reclamos reiterados sin respuestas efectivas por parte de la empresa, describieron.
Otro de los damnificados declaró que debió desmontar y rehacer completamente el techo de su vivienda tras la advertencia de un profesional independiente, afrontando un gasto adicional de unos 10.000 dólares. En ese caso, el monto total abonado a CivilTec rondaría los 35.000 dólares, incluyendo pagos en efectivo destinados a trabajos que nunca se realizaron o que debieron ser corregidos por terceros.
Los testimonios coinciden en que la constructora prometía corregir los errores “más adelante”, justificándose en faltantes de personal o problemas financieros por la situación económica del país, mientras continuaba promocionando nuevas obras. En paralelo, los propietarios afirmaron ante la Justicia haber detectado el presunto uso de materiales destinados a una vivienda en otras construcciones, lo que profundizó los conflictos y derivó en la expulsión definitiva de la firma de las obras.
A la investigación se sumaron peritajes técnicos que resultaron contundentes. Un ingeniero que declaró como testigo ratificó un informe pericial en el que describió deficiencias estructurales severas, mala praxis generalizada y falta de mano de obra calificada. Según el especialista, muchas de las viviendas analizadas no reunían condiciones mínimas de habitabilidad y, en algunos casos, resultaba más conveniente demoler y reconstruir que intentar reparar.
Los informes también advirtieron riesgos concretos para la seguridad, especialmente en las cubiertas, con perfiles metálicos oxidados y deformados, pendientes mal ejecutadas y sistemas de impermeabilización defectuosos. Además, se constató que algunas obras carecían de aprobación municipal definitiva, pese a haberse iniciado trámites administrativos que luego fueron abandonados o dados de baja.
Si bien destacaron no hay imputaciones luego de las denuncias, en la fiscalía analizaban el cúmulo de testimonios, peritajes y documentación que permitían delinear un posible esquema de estafas por el abandono de las obras, debido a que las respuestas que recibieron los denuncias siempre eran civiles, a largo plazo y no terminaban de concretarse.
Por lo que dijeron las fuentes, la investigación sigue abierta y no se descarta la presentación de nuevas denuncias, ya que las propias víctimas comenzaron a contactarse entre sí al advertir que habían atravesado situaciones casi idénticas.