El Ejecutivo nacional prepara la convocatoria a sesiones extraordinarias para avanzar con su paquete de reformas impositiva, fiscal y laboral, además del tratamiento del Presupuesto 2026.
Según confirmaron fuentes oficiales, el decreto sería firmado este viernes, con inicio previsto entre el 10 y el 11 de diciembre. La decisión se inscribe en un diciembre cargado para el Gobierno, que se aproxima a cumplir dos años de gestión sin señales de conflictividad social significativa y con la expectativa de imprimir velocidad a la segunda etapa de su agenda legislativa.
Previo a la jura de los nuevos diputados, Javier Milei se reunió en Olivos con su asesor Santiago Caputo para cerrar el temario que llegará al Congreso. En ese listado sobresale la reforma laboral, que en los últimos días fue concluida por los equipos técnicos. La Casa Rosada busca blindar el texto de eventuales modificaciones internas y asegurar su desembarco parlamentario sin fisuras dentro del oficialismo, aun cuando el sindicalismo mantiene un rechazo frontal.
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La administración libertaria considera la reforma laboral como el núcleo de su ofensiva política para el verano legislativo. Con las extraordinarias fijadas entre el 10 y el 31 de diciembre, el oficialismo apuesta a que su condición de primera minoría le permita traccionar el debate, aunque reconoce que no contará con apoyos amplios. En ese análisis, destacan que el clima social continúa estable y que ello habilita un margen para avanzar sin costos inmediatos.
Las críticas sindicales volvieron a expresarse en voz de Gerardo Martínez, quien advirtió que el proyecto “recorta derechos históricos” y que la modernización propuesta implica retrocesos en garantías fundamentales. El Gobierno, no obstante, se muestra inflexible y descarta introducir cambios de fondo, al afirmar que la opinión del Consejo de Mayo no tiene carácter vinculante. Para los empresarios, en cambio, la iniciativa representa una oportunidad para reducir costos y flexibilizar esquemas laborales que consideran restrictivos.
El texto final incluye modificaciones en licencias, vacaciones, jornada laboral, convenios colectivos y modalidades de contratación. Para el oficialismo se trata de un reordenamiento estructural del mercado de trabajo; para las centrales obreras, de una reforma regresiva con retórica de modernización. Mientras el Gobierno acelera los tiempos, el Congreso se prepara para un diciembre de alta intensidad política.