La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una nueva normativa que habilita a adolescentes de 13 a 17 años a operar con una mayor variedad de instrumentos del mercado de capitales. La medida, establecida a través de la Resolución General 1091, modifica el esquema vigente hasta ahora y amplía las alternativas disponibles para menores de edad bajo supervisión adulta.
Hasta el momento, los adolescentes podían invertir únicamente en fondos comunes de inversión abiertos tipo Money Market, tal como había fijado la RG 977 en 2023. Con la nueva resolución, se suman otros fondos abiertos —incluidos los de renta variable o aquellos que replican movimientos de bonos y acciones— siempre dentro del marco regulatorio que exige participación y control de un representante legal.
La CNV explicó que la decisión se enmarca en una política de educación financiera y de incorporación progresiva de nuevos actores al sistema bursátil. El organismo sostiene que un acceso temprano, acompañado y regulado puede favorecer la adquisición de hábitos vinculados al ahorro y la administración de recursos, pero sin perder de vista los límites normativos que protegen a los menores.
En ese sentido, la resolución mantiene restricciones. Los adolescentes no podrán invertir en fondos comunes cerrados ni en fondos abiertos destinados exclusivamente a inversores calificados, categorías que implican mayor complejidad o riesgo. La intervención de representantes legales seguirá siendo obligatoria tanto para la apertura de cuentas como para cada operación.
La medida se suma a la RG 1023, que había permitido abrir subcuentas comitentes para jóvenes desde los 13 años. Con esta ampliación, la CNV busca ajustar la regulación al modo en que las nuevas generaciones se vinculan con productos financieros y tecnologías de inversión, sin dejar de lado controles y mecanismos de seguimiento.
Según el organismo, el desafío será encontrar un equilibrio entre la inclusión progresiva y la protección de menores. Las entidades del mercado deberán adaptar procedimientos y reforzar monitoreos para garantizar trazabilidad y supervisión, mientras que las familias tendrán un rol central en el acompañamiento y la validación de las decisiones de inversión.