La audiencia pública en torno al proyecto de cobre de la empresa PSJ, que se realiza en Uspallata, dejó al descubierto dos puntos de vista que la discusión sobre “minería sí o no” —un debate ya superado— ha evitado o soslayado con el tiempo.
El primero es la visible y creciente confrontación entre pobladores “ricos” y “pobres” —entendiendo por tales a quienes habitan una comunidad olvidada por el Estado, donde todos, en su mayoría, intentan sobrevivir a una malaria persistente con el paso de los años.
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El segundo emergió con fuerza cuando el exgobernador Arturo Lafalla interpeló a la empresa por los números presentados en el informe que se debate: se refirió a las ganancias, al costo fiscal del emprendimiento y a lo que dejaría, en definitiva, una vez agotado el cobre. Esto incluye la infraestructura construida, la mejora en la calidad de vida de los uspallatinos, y los recursos efectivamente ingresados al presupuesto provincial a través de impuestos.
Lafalla llegó a la audiencia aclarando su apoyo al proyecto, tanto a título personal como en representación del Grupo Olascoaga, del que forma parte. Sin embargo, se permitió condicionar su aprobación a un dato ausente en el informe: el cálculo total de la facturación proyectada por PSJ por la venta de cobre, oro y eventualmente plata.
Tras varios días de análisis y consultas, el ex gobernador concluyó que la empresa podría facturar unos 7.558 millones de dólares en los 16 años de explotación, mientras que los costos totales ascenderían a 3.794 millones. Esta última cifra incluye la inversión inicial ya en marcha (559 millones), el pago mensual de salarios, combustibles, alimentos y logística (120 millones) y el costo fiscal o impositivo (1.300 millones en total). “El beneficio sería del cien por ciento”, señaló Lafalla, sorprendido por un margen de rentabilidad que no encuentra equivalente en ninguna otra minera conocida.
Desde la empresa, en cambio, dejaron trascender que los números presentados —sobre todo los fiscales— son aproximados, y que una vez aprobado el proyecto se podrá calcular con mayor precisión el costo final. En una estimación general, indicaron que la estructura del negocio se distribuye en un 40 por ciento de costos operativos, otro 40 por ciento en cargas fiscales (nacionales, provinciales y municipales) y un 20 por ciento de ganancia neta.
La exposición de Lafalla debería abrir un debate ausente hoy en la conversación pública: el verdadero beneficio que obtendría el Estado con la explotación de PSJ. En términos simples, como se dice en la calle: ¿cuánto deja la minería y cuánto se lleva? Sin expresarlo de ese modo, pero buscando claramente ese efecto, Lafalla plantea a la política la necesidad de discutir cuánto se exigirá a la empresa en inversiones directas en el territorio, más allá de salarios, empleo, y consumo local durante la operación.
Es posible que ese debate ya se haya dado —aunque se desconoce— entre empresa y Estado (provincial y municipal). Y si así fuera, sería útil que la comunidad lo conociera. Tal vez se espera que esta discusión se dé formalmente en el tratamiento legislativo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
La política deberá afrontar esa discusión más temprano que tarde, quizás incluso en medio de la campaña electoral. Se sabe que para operar el yacimiento será necesaria la construcción de una línea eléctrica de 132 kv que, una vez finalizada la explotación —en 16 años o más— quedará disponible para los habitantes de Uspallata, quienes hoy no cuentan con un servicio eléctrico garantizado. La obra partirá desde la estación transformadora Boulogne Sur Mer hasta una futura estación en Uspallata (85 km), y de allí hasta la futura estación transformadora de la Minera San Jorge (otros 35 km).
Pero puede que Uspallata necesite algo más que electricidad: ¿cloacas? ¿un hospital moderno? ¿una mejor escuela? ¿accesos dignos? Y una larga lista de necesidades insatisfechas.
En Uspallata, como se ha dicho, lo que brilla es la ausencia del Estado: calles destruidas, llenas de pozos, tierra y abandono. En otras partes del mundo, las mineras se han comprometido seriamente con el desarrollo de las comunidades vecinas. Aquí, en cambio, lo que falta también es un plan concreto para una Uspallata que hoy se muestra alborotada, muy movilizada, y en gran medida esperanzada ante la llegada de uno de los motores económicos que, según el gobernador Alfredo Cornejo, moverá la economía provincial.
Una Uspallata donde aquel que tiene un poco más que su vecino —el de las cabañas, el comercio más próspero, o los caballos para turismo— se opone a la minera, y enfrente, el pobre de toda pobreza, que muchas veces depende de ese “rico”, pide a gritos una alternativa laboral más digna, mejor paga y, sobre todo, formal.
El debate que interpela hoy a la política ya no pasa por el “sí o no” a la minería. Ese punto está saldado. La verdadera discusión es cómo llevarla adelante y cómo se repartirán las ganancias. El Estado debe dejar de ser un mero facilitador de inversiones y sentarse a la mesa como un socio inteligente: garante de controles, del cumplimiento de la ley, y de una justa participación en la riqueza escondida en las entrañas del cerro San Jorge.