La guerra del vino, como ya se la conoce en Mendoza, está lejos de bajar su intensidad. Desde casi tres años a esta parte, la conflagración económica, comercial, judicial y con algún ribete político que ha enfrentado a la principal cooperativa vitivinícola del mundo, Fecovita, con la exportadora Iberte del español Juan José Retamero, sacude el universo empresarial de la provincia. Y cuando algunos indicios daban a entender que las partes se acercaban a un punto en común al dejar en manos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de una auditoría internacional un arbitraje externo con posibles soluciones por afuera de las particularidades, el conflicto, atizado, ha vuelto a encenderse.
Mientras Fecovita y Retamero se miden en los tribunales en medio de las causas civil y penal que envuelven la situación, el gobierno de Alfredo Cornejo espera, con algo de intriga, la opinión de la Bolsa porteña. Pero hay una mirada atenta a las consecuencias y entre ellas al impacto de una posible crisis desbocada que pueda afectar la situación de las más de 29 cooperativas que conforman el consejo de Fecovita y los cerca de 5 mil productores, en su mayoría pequeños y algunos medianos, que van detrás.
Iberte, que ha acusado a los directivos de Fecovita de estafa, y que ha pedido con ello el encarcelamiento de la plana mayor de la cooperativa, viene de denunciar en el arranque de la semana que el balance del 2024 de la entidad vitivinícola es falso como lo han sido a su modo de ver los tres anteriores. “Y así como va el del 2025 también será falso”, dicen los representantes del empresario ibérico, Gabriel Bertranou y Carlos Aguinaga. La nueva denuncia asegura que el directorio de Fecovita les ocultó a las cooperativas que son parte y a los miles de productores socios, un quebranto operativo de 12 millones de dólares, además de otras pérdidas por 25 millones de dólares más.
El enfrentamiento arrancó cuando Iberte fue a la Justicia denunciando haber sido estafada por Fecovita a la que supuestamente entregó unos 25 millones de dólares a cambio de productos vínicos que no recibió. El vino que Iberte le compraba a Fecovita tenía como destino el mercado europeo. Hasta mediados del 2020 todo pareció ir sobre rieles entre la madre de las cooperativas vitivinícolas mendocinas y el grupo español. Los problemas comenzaron cuando Iberte sorprendió con un reclamo por entregas no realizadas de parte de Fecovita, situación que desde la compañía mendocina han negado de cuajo. El español, y sus representantes legales, sostienen que Fecovita no cumplió con la producción ya vendida en Europa y Europa del Este. En tanto que desde Fecovita no sólo han negado las acusaciones y denuncias que han llegado a la justicia concursal, sino que además invierten la situación asegurando que es exactamente al revés: que es el español quien no ha cumplido con su parte.
Junto a la nueva denuncia del empresario español se ha dicho que una vez que se termine el litigio con una resolución de la justicia que está convencido saldrá a su favor, invertirá el monto de lo demandado (alrededor de unos 60 millones de dólares entre capital e intereses, calculan) en la construcción de un parque fotovoltaico el que en unos 30 años habrá producido entre 300 y 400 millones de dólares en energía y beneficios para los mendocinos: “La empresa (por Iberte) no cobrará nada de esto a título propio ni para ninguno de sus miembros, sino que el dinero se invertirá en la comunidad”, aseguran los abogados de Retamero. “Es difícil de creer eso, pero quizás estemos equivocados”, dice una fuente del gobierno mendocino que sigue de cerca el impactante conflicto. Y ha agregado: “La preocupación de parte nuestra tiene que ver con la situación de los productores y las consecuencias que sobre ellos pueda acarrear todo esto. Si se resuelve con la intervención de la Bolsa, ya que las partes han dado su palabra de cumplir con ese dictamen, entendemos que se caería la demanda penal también”.
“Mienten”, es el grito más escuchado que viene de Fecovita. “El resultado operativo del ejercicio no es negativo. Inventan cosas”, le suman. Aseguran que el balance fue aprobado por unanimidad en la asamblea del 30 de abril y que fue auditado “por Lisicki Litvin, una de las firmas más reconocidas del país”. La crítica le apunta, también, a lo que suponen un modus operandi de Iberte “mintiendo en los medios de comunicación y enviando notas y mensajes a las cooperativas y a los directivos de la federación para infundir miedo y presionar”.
Casi al mismo tiempo en que se conocía la nueva acusación de Retamero por un supuesto nuevo balance falso de Fecovita, la federación registraba su propia contradenuncia contra el español y sus socios locales. En una causa que ha recaído en manos de la fiscal Susana Muscianisi se investiga “un intento de desbaratamiento” por parte de Iberte, lo que implicaría “un plan siniestro pretendiendo quebrar a las empresas mediante denuncias penales, desbaratando su figura empresarial ante bancos, proveedores y la opinión pública”.
Desde Fecovita agregan a todo esto que la federación vitivinícola no ha sido la única apuntada. Con el mismo objetivo, sostienen, Iberte “le ha pedido la quiebra a Antonio González SA (Bodegas Galán), que fue rechazada en Buenos Aires; también demandaron a Fraccionadora San Juan y lo propio hicieron con Jugos Australes en un caso radicado en los Estados Unidos”.
La abogada Luciana Govoni es una de las profesionales que representa a Fecovita. En sus manos ha dejado la defensa de la empresa y de los directivos apuntados por Retamero. Según Govoni, “el plan de desbaratamiento que motivó esta sucesión de denuncias contra Fecovita pretende que se le entregue una ilegítima suma de dinero”, el que al día de hoy, según los representantes de Iberte superaría los 50 millones de dólares que serían invertidos, cuando se gane la demanda, en ese parque fotovoltaico que al cabo de unas décadas dejaría para Mendoza entre 300 y 400 millones de dólares, porque la empresa española, de acuerdo con lo dicho, no pretende quedarse con suma de dinero alguna originada en este juicio. Impresionante.