El presidente Javier Milei firmó este lunes el Decreto 176 en el que habilita a que entidades bancarias públicas y agentes financieros del Estado intervengan en las tasaciones y subastas de inmuebles fiscales. La norma publicada en el Boletín Oficial apunta a una optimización en la administración de los bienes del Estado.
El documento que cuenta con la firma del propio Milei como del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, modifica el Decreto 2670/2015.
Ahora, el Tribunal de Tasaciones de la Nación ya no será el único órgano encargado de establecer los valores base en las ventas inmobiliarias del Estado. De este modo, el Gobierno habilita a que bancos estatales y otros agentes financieros podrán realizar estas valuaciones, agilizando el proceso de comercialización de propiedades públicas.
Asimismo, se amplían los casos en los que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) puede vender inmuebles de manera directa. Según la normativa, esta opción estará disponible para inmuebles ocupados por más de cinco años con fines de vivienda, comercio o industria, y para propiedades utilizadas por cooperativas de vivienda o asociaciones sin fines de lucro que hayan realizado mejoras en ellas.
“Cuando la Agencia de Administración de Bienes del Estado lo estime necesario podrá prescindirse de la fijación de base previa, sin perjuicio de contar con la respectiva tasación oficial al tiempo de decidir sobre la aprobación de la operación”, expresa el decreto.
En Casa Rosada afirman que estas modificaciones buscan mejorar la eficiencia en la gestión de bienes públicos, facilitando su venta y reduciendo los tiempos administrativos. Según el decreto, estos cambios contribuirán a una “gestión más ágil” de los inmuebles fiscales y a la optimización de recursos.
Sin embargo, algunos expertos en derecho administrativo advierten que la flexibilización de los procedimientos podría abrir la puerta a procesos menos transparentes, favoreciendo ventas discrecionales en lugar de licitaciones públicas más controladas.
La decisión se da en un contexto de ajuste fiscal y reestructuración del Estado, en el que el Ejecutivo busca desprenderse de activos considerados innecesarios.