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El Gobierno de Alfredo Cornejo rechazó un recurso judicial presentado por un oficial penitenciario en el que solicitaba la suspensión, un  procedimiento disciplinario. La medida fue oficializada por el decreto 83 publicada este jueves en el Boletín Oficial. El documento cuenta con la firma del propio mandatario provincial y de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

El conflicto se originó cuando el oficial Subadjutor, en el marco de un sumario administrativo, solicitó a la Dirección General del Servicio Penitenciario información vinculada a su situación y antecedentes laborales. Paralelamente, requirió la suspensión del procedimiento disciplinario hasta tanto se remitieran dichos datos, amparándose en el artículo 83 de la Ley 9003.

Sin embargo, la Inspección General de Seguridad rechazó esta petición y el oficial interpuso un recurso de revocatoria que también fue desestimado. En consecuencia, elevó un recurso de alzada al gobernador, buscando revertir la decisión de la IGS.

La Asesoría de Gobierno evaluó el caso y concluyó que el reclamo del oficial era improcedente. Según el dictamen, no corresponde suspender un procedimiento administrativo en espera de la incorporación de pruebas, ya que estas se suman a lo largo del proceso sumarial sin que ello implique una dilación injustificada.

Asimismo, se indicó que el oficial penitenciario no logró demostrar que la falta de ciertos documentos haya afectado de manera sustancial su derecho a la defensa. Además, la resolución gubernamental enfatizó que no se cumplen las causales establecidas en el artículo 83 de la Ley 9003 para justificar la suspensión del procedimiento.

El agente implicado aún cuenta con la posibilidad de recurrir la decisión a través de la acción procesal administrativa, que deberá interponer dentro de los próximos 30 días corridos desde la notificación del decreto.

En el Ejecutivo remarcaron su postura respecto a la rigurosidad en los procedimientos disciplinarios dentro de las fuerzas de seguridad, evitando suspensiones que puedan prolongar indefinidamente estos procesos administrativos.

El decreto