Todo comenzó en el arranque del 2020 cuando alguien ventiló en público el salario de bolsillo que percibía quien fuera la secretaria privada del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, por entonces Jorge Nanclares, hoy afuera del Judicial, retirado. Los 406 mil pesos de la época que embolsaba todos los meses Elizabeth Carbajal, sin pagar ganancias, superaban incluso el ingreso de su jefe como titular de la Corte y máximo referente de la Justicia provincial. También desde ya, del que cobraba el gobernador del momento, Rodolfo Suarez, quien, indignado por la asimetría y lo que consideraba un injusto privilegio, impulsaría con vehemencia un proyecto de ley contra ese tipo de situaciones que se daban y en gran número en el Poder Judicial. Así, de esa manera, haría su aparición la ley de los equiparados, vigente actualmente y que tendría como objeto ordenar de alguna manera la grilla de los sueldos del Judicial, pero por sobre todo darle un fin a esos desequilibrios destinando los ahorros que la poda de salarios injustos generaría, a fines más nobles y productivos, como los juzgados de Familia por caso, en colapso y sobrepasados de demandas. La ley se terminaría sancionando en junio del 2020, pero a las pocas semanas dispararía, como era de esperar, un grupo numeroso de acciones de inconstitucionalidad y cautelares por parte de algunos de los afectados, entre ellos Carabajal, la ex secretaria de Nanclares que a cuatro años de estallado el escándalo de los equiparados sigue cobrando como juez sin serlo; y cumpliendo un horario de trabajo en el Judicial, desde ya. Su ingreso mensual supera los 8 millones de pesos y al de varios de los más altos salarios del Poder Judicial. Tampoco paga Ganancias como sí lo tiene que hacer un magistrado de primera instancia, por caso, que haya ingresado después del 2017 y que embolsa un sueldo de unos 3 millones de pesos promedio.
La reciente aparición en escena de la Oficina de DDHH y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte interviniendo en el caso del delincuente Roberto Rolando Pereyra Cruz, el que gozaba de una libertad condicional cuando el domingo pasado ingresó a la casa del policía retirado Héctor Pelayes y tras tirotearse, ambos caen muertos, ha traído de vuelta a la superficie la situación de los equiparados que resisten la ley con una cautelar no resuelta. Es que parte de los integrantes de esa oficina, tales como su directora Milagros Noli, como Eleonora Lamm (actualmente fuera del país con reserva de cargo), Romina Cucchi y Javier Cristóbal López Maida tienen sueldos de magistrados sin serlo. En el Judicial, y desde ya que en el Ejecutivo, miran con recelo no sólo lo que cobran por mes; sino también la eficiencia y en todo caso la utilidad y el beneficio que le puede aportar a la administración de Justicia una repartición como esa, dicen, sólo productora de más burocracia improductiva. El prurito generalizado conforma un combo: están al frente de cargos o funciones que no requieren de una presentación previa en una audiencia pública como los aspirantes a jueces, mucho menos necesitan acuerdo del Senado y tampoco están expuestos a juicios políticos por mal desempeño en sus funciones.
Eran parte de los equiparados a los que la ley del 2020 ordenaba ajustar sus sueldos a niveles adecuados a su tarea. En concreto, la ley suprimió los cargos equiparados a los de los magistrados. Hubo un grupo, sin embargo, 22 equiparados de la época que hizo uso del derecho de rechazar la ley buscando su inconstitucionalidad y merced a una cautelar sin resolución actualmente siguen cobrando al nivel de un juez o de un fiscal.
El gobierno de Alfredo Cornejo le apunta a esta oficina de la Corte por haber intercedido a favor, según cree, de la liberación de Pereyra Cruz. Noli, sin embargo, ha dicho que no tienen esa facultad y que sólo se encargan de facilitar y agilizar los pedidos y solicitudes que se le hacen o que les llegan. Noli sostiene que Pereyra Cruz se había dirigido a ésta área (DDHH) exigiendo una rápida respuesta a su reclamo de libertad. Se trata de un caso de alta conmoción e impacto. Porque como ya se ha dicho, con informes técnicos adversos para que el reo recuperara la libertad, el juez de ejecución Sebastián Sarmiento otorgaría sin embargo el beneficio resolviendo luego del pedido de la oficina. Desde el 2023 Pereyra Cruz estaba en libertad condicional cuando debía salir de la cárcel en el 2027.
La oficina y su actuación en este hecho ha vuelto a poner en blanco sobre negro la situación de los equiparados, todavía irresuelto. En el gobierno cargan por el funcionamiento no sólo de la oficina de DDHH, sino también soslayan la actuación de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad. Hay un clima de época, claro está, que le está apuntando a los gastos innecesarios de todo el Estado. Pero a estas oficinas le achacan, más que nada, improductividad, burocracia y refugio para la militancia progre, en línea con garantismo y abolicionismo “saca presos” zaffaronista, por el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, según razonan. Y el amplio sector de los jueces y de los magistrados en general, cargan también contra todos los equiparados todavía beneficiados por una cautelar vigente desde el 16 de octubre del 2020, a la que dio lugar la Sala 2 de la Corte compuesta por Omar Palermo, Mario Adaro y el voto en minoría de José Valerio, y sin que se resuelva el fondo de la cuestión que debiese estar en manos del plenario de la Corte.
El último “acto útil” de la Corte en este asunto data de fines del 2022. El 14 de diciembre de ese año se suspendió el llamado para resolver el entuerto por la excusación del ministro Pedro Llorente. La Corte tiene que designar un remplazo del magistrado y aún no lo hace. Desde entonces, los 22 empleados de la Justicia que se presentaron contra la ley en 9 juicios, siguen percibiendo salarios de magistrados e incluso más altos que muchos de ellos, con ingresos que orillan los 4 millones de pesos, en más y en menos. El 7 de mayo pasado, la Asesoría de Gobierno del Ejecutivo, a cargo de Ricardo Canet, presentó un escrito en el que pide se resuelva la integración del tribunal, solicitud que la Corte aún no responde. “La causa está en trámite todavía, intertanto está vigente una medida cautelar”, respondieron en el más alto tribunal cuando se le hizo la consulta sobre el asunto. Una medida cautelar que es la que permite a este grupo de empleados y funcionarios seguir siendo equiparados a los magistrados cuando ya dejó de existir tal figura.