Con un Alfredo Cornejo que apretó el acelerador a fondo en Santiago de Chile cuando aseguró, tan enfático como aventurado, que en Mendoza se consiguió la licencia social después de mucho tiempo para ir por la minería metalífera y más que eso, que se habría logrado “con el apoyo de la agricultura que antes la rechazaba”, su gobierno se ubicó de frente a un desafío que a la política le ha sido esquivo por razones múltiples, pero mucho más por ese andar errático que alimentó desconfianzas y restó garantías. Resta saber, frente a ese paso del gobernador frente a un grupo de empresarios del sector y funcionarios argentinos y chilenos, qué rol ocupará la principal oposición en la provincia, el peronismo, justo cuando se prepara para darse un nuevo orden interno, buscando otros liderazgos hacia fin de año y por sobre todo acertar en un camino que lo reencuentre con ese gusto por lo mendocino que bien supo representar en sus buenos años.
No es un hecho menor especular con la decisión que tomará el peronismo frente al asunto minero, un tema en sí mismo, porque de la discusión que se genere alrededor, en particular política, se podrá apreciar el grado de compromiso y preocupación por los grandes dramas de la provincia, tales como la imposibilidad de hacer crecer y desarrollar una economía o un perfil de ella que arrime a Mendoza, cuanto menos, a esos sub estados en donde su gente cuenta con mejores ingresos, más allá de la calidad de vida, de la serena institucionalidad con la que se vende y la seguridad jurídica que le ofrece a potenciales inversores esta tierra.
Este es el panorama que tienen el gobierno y su andar parsimonioso, y el peronismo por delante: en Mendoza, entre otras lindezas, se pagan salarios un 23 por ciento por debajo del promedio nacional, siempre tomando los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los del ámbito privado regular, registrado y asalariado. La diversidad de su economía –un haber y un atributo ciertamente–, ha llegado a un límite según parece: ni la vitivinicultura, ni el sector del petróleo, ni la fruticultura; la metalmecánica; la tremenda capacidad de su logística integral que garantiza prestaciones de servicio amplias; el turismo; algo de ganadería y lo que ha podido desarrollar en el ámbito de la economía del conocimiento, no han podido elevarla cuanto menos a un estatus un poco más digno, el que se espera de ella, en medio de la mishiadura generalizada desde años que caracteriza al país.
¿Será la minería y todo lo que se desprenda de esta actividad la que la saque adelante? Nadie espera eso. ¿Pero quién puede dudar de que es con todo lo que se disponga adentro, en juego, sin marginar nada la manera más viable de buscar alivios? El último dato del SIPA, del mes de junio, ubica al salario promedio bruto en el país en 933.179,85 pesos. Por arriba del promedio aparecen los salarios pagados en las provincias patagónicas como Santa Cruz con un 75 por ciento; Neuquén, 67 por ciento; Chubut, 55 por ciento y Tierra del Fuego, 37 por ciento. Mendoza está por debajo un 23 por ciento de ese promedio; pero con un panorama mejor que nuestra provincia se ubican Río Negro con un 4 por ciento por debajo de aquellos 933 mil pesos; Santa Fe, 8 por ciento; San Luis; 11 por ciento; Córdoba, 15 por ciento y San Juan 18 por ciento, por citar sólo algunas. Y como se observa, San Juan y San Luis pueden pagar mejores salarios que por esta provincia. Otro dato interesante: el promedio lo establece CABA, la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Cornejo cree que ha llegado el momento de dar ese paso que intempestivamente se pretendió al comienzo de la gestión de Rodolfo Suarez, cuando un día después de la asunción envió a la Legislatura la modificación de la 7722, la Ley Antiminera, consiguiendo su aprobación en ambas cámaras en una misma jornada, pero desatando por toda la provincia una movilización casi sin precedentes contra el desarrollo de la actividad, motivada en esas supuestas amenazas, algo delirantes, de contaminación masiva.
Ahora, el gobierno va por un mix que lo alienta a darle rienda suelta al desarrollo arrancando por Malargüe y el Distrito Minero Occidental. Se trata de la combinación de factores clave: la miseria, desde ya; el ordenamiento de unos 300 permisos en el sur de los cuales, según Cornejo, unos 70 conseguirán la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes de octubre (34 en una primera instancia) y un tercer factor, quizás el más llamativo de todos: la prepotencia del número. El oficialismo parece avanzar en las dos cámaras haciendo valer su mayoría sin buscar, según se desprende de algunos indicios, mayores acuerdos con la oposición. Si se consiguen bien, y sino también. De lo contrario Cornejo no habría dicho lo que dijo en la embajada argentina en Santiago de Chile, asegurando que todas esas declaraciones de impacto ambiental se conseguirán de manera contundente, agregando aquello de la licencia social amplia en toda la provincia sin aclarar demasiado, ni ofrecer argumentos ampliatorios.
¿Por qué el peronismo es clave para lo que viene? Porque según lo que disponga se sabrá si se comprometerá con el desafío que le propone a la política Cornejo de ir ahora por el desarrollo minero –demonizado todavía por algunos sectores sociales y desde ya que políticos también–, o busca cobijo en creencias exógenas, con ancla en la nación, como lo hizo detrás del kirchnerismo en los últimos diez años con ese resultado por todos visto. Y es clave porque se verá cómo enfrenta el avance de las terceras fuerzas, como la de los libertarios, los gansos y lo que pueda reunir La Unión Mendocina de Omar de Marchi, o la de los verdes si finalmente arman algo con Jorge Difonso desde el Valle de Uco, buscando usufructuar parte del resabio medio ambientalista soñando con un escenario similar al de fines del 2019, primeros días del 2020 cuando se restituyó la 7722 que había sido derogada de manera efímera. En ese tren, o con esa agenda, el peronismo comienza a organizarse detrás de los intendentes. Omar Félix desde el sur junto a su hermano Emir; Matías Stevanato desde Maipú; Fernando Ubieta desde La Paz, la concurrencia de Flor Destéfanis, la actual presidenta partidaria, la discreta presencia de Edgardo González de Lavalle y el histórico y sempiterno Carlos Ciurca, tendrían en mente organizar el movimiento desde los departamentos con vistas al recambio de autoridades de fin de año. La Cámpora, o lo que queda de ella, (además de lo conocido se cuenta dentro de ella a Martin Aveiro y el intendente Martín Andraos de Tunuyán según se cree), es la contraparte de esa movida. Pero desde el sector de los intendentes descartan un enfrentamiento con los K por los cargos partidarios. Seguramente se acercarán a un acuerdo que disimule las diferencias y que evite una interna que no pocos la comparan con una acción delirante, cercana al papelón por varias cosas, entre las más significativas el escaso nivel de asistencia y de interés que despertaría una elección de ese tipo y desde ya que el resultado de la misma, que nadie puede predecir.
El horizonte a trazar por el peronismo es el que demarca la legislativa del 2025. Los candidatos seguramente deberían salir ahora sí de un enfrentamiento entre la movida de los intendentes con el camporismo y desde allí construir con la vista puesta en el 2027 y si continúa como ahora, atado a los designios del kirchnerismo y su suerte o si se decide, de una buena vez, a indagar en el gusto local, mirando a la provincia, sus fortalezas y sus necesidades, sus cosas buenas y malas, como lo consiguiera en ese andar exitoso de los ’90 o como también lo insinuó y rápidamente lo perdió en los primeros años del siglo. Dependerá de lo que pise más fuerte entre sus principales dirigentes y una posición clara y definida respecto de lo que se piensa sobre Mendoza y su imperiosa necesidad de salir adelante y despegar; si es con la nación y la macro, mucho mejor y si no, obligada a buscar su propio destino.