El sistema judicial de Mendoza se apresta a cumplir tres semanas de parálisis debido a las medidas de fuerza que realizan los dos gremios estatales, Empleados Judiciales y Funcionarios Judiciales, lo que afecta diversas áreas y servicios. El reclamo apunta a una mejor propuesta salarial como también de las condiciones laborales.
Como respuesta, el gobierno de Alfredo Cornejo cerró la mesa paritaria y decidió otorgar el aumento por la vía del decreto.
Las medidas de fuerza más recientes comenzaron el 30 de abril. En algunos casos, como los ayudantes y auxiliares fiscales, pararon durante la semana de vendimia en marzo. Un poco más hacia atrás, los funcionarios judiciales fueron a la feria de enero también con medidas de fuerza, ya que no aceptaban las condiciones salariales del Ejecutivo.
Por ese motivo y en medio del conflicto, en marzo, el Ejecutivo solicitó el dictado de la conciliación obligatoria, pero el gremio de los empleados Judiciales no la acató. Como consecuencia, fue multado.
La relación entre las partes se fue tensando a medida que los gremios estatales fueron rechazando las propuestas salariales porque consideraron que eran “insuficientes”. Tras varias mesas de negociación, el Estado provincial decidió cerrar las instancias paritarias a mediados de abril. A partir de ese momento, todo empeoró y los paros comenzaron a resentir las oficinas judiciales.
Mejores salarios y el pedido a la Corte
Judiciales y Funcionarios son los únicos gremios estatales que todavía siguen sin acordar su paritaria. Tras el cierre de las negociaciones por parte del Ejecutivo, los sindicatos exigieron la participación de la Suprema Corte de Justicia para que sea la responsable de negociar y acordar los salarios de los trabajadores del sistema judicial.
Ricardo Babillón, secretario general de Judiciales, y su par de Funcionarios, Marcelo Fekonja, coinciden en que la Corte debe ser la patronal de los empleados de la Justicia y que el Gobierno de Mendoza debe hacer un paso al costado. En cuanto a lo salarial, los dirigentes gremiales exigen un aumento acorde a sus funciones, pero la realidad de cada sector es totalmente diferente.
El sistema judicial cuenta con un escalafón de 23 clases de trabajadores: hasta el nivel 8 pertenecen a empleados judiciales. Hoy por hoy, el salario inicial del nivel más bajo se encuentra en 310.000 pesos, mientras que se techo ronda los 550.000.
“Para recuperar nuestro salario necesitamos un 240% de aumento, es absurdo pensar en eso. La idea es realizar un trabajo que te permita ir recuperando poco a poco el salario porque esta actitud del Gobierno hace que cada tres meses entres en conflicto”, explicó Babillón.
Mientras que los funcionarios judiciales, que van de la clase 7 a la 1, comienzan con un salario de 750.000 pesos y pueden alcanzar casi los 2.000.000 de pesos. El reclamo de este grupo es la diferencia de sueldo que tiene con los jueces, que según sus cálculos, es del 28%.
“Nosotros no hablamos de cuánto, sino que queremos que se recomponga como están en las otras provincias. Los magistrados a nivel nacional en cuanto a sus salarios ocupan el lugar número 9 de 24. Nosotros estamos 22 de 24. Como mínimo tenemos que estar a la misma escala que nuestros jueces”, sostuvo Fekonja.
En cuanto la participación de la Suprema Corte, Babillón aseguró que el máximo órgano de Justicia de la Provincia es la patronal de los trabajadores de dicho rubro ya que es el encargado de la contratación, evaluación, sanción y de los traslados de los mismos.
“La Corte no quiere tomar un rol protagónico, se escuda en una cordada del año 2005. La 19.000, es la que dice que no va a opinar en el tema salarial. Pero luego es la que nos fija un examen de ingreso, nos sanciona o asciende. Ella es nuestra patronal. Pero si la Corte se sienta en la negociación, nos permite hacer una proyección para que no sigamos perdiendo y ver de qué manera podernos ir recuperando el poder adquisitivo”, detalló el titular de Judiciales.
Mientras que desde Funcionarios remarcan que el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, y el Procurador General, Alejandro Gullé, deberían intervenir en la discusión paritaria.
“La propuesta nuestra tiene dos ejes fundamentales. No queremos paritar más con el Gobierno porque nuestro empleador es el Poder Judicial. El Gobierno tiene a sus empleados respecto a las otras de las otras entidades sindicales. Nosotros somos empleados del Poder Judicial”, subrayó Fekonja.
Desde la Suprema Corte decidieron no dar declaraciones. Explicaron que los siete ministros se reunirán para “hacer un balance general de la situación“.
El único supremo que se manifestó frente a las medidas de fuerza fue José Valerio. En una entrevista en el programa “Opinión” de la LVDiez deslizó que el paro “trastoca el funcionamiento de la Justicia. Impacta en el día a día. Por ejemplo, se suspendieron las audiencias, que es un porcentaje importante. Además, esto hace que no se puedan programar audiencias, por lo que afecta también a posteriori“.
Las repercusiones
Los más de 20 días del cese de las actividades en el sistema judicial generado diferentes tipos de repercusiones. La principal fue el descuento de los días de paro que realizará el Gobierno a los trabajadores de ambos gremios estatales. Frente a esa situación, tanto Judiciales como Funcionarios presentaron notas al ejecutivo para que no avance con la medida y que reabra la mesa paritaria.
“Presentamos una nota porque el Gobierno se cerró de manera unilateral la paritaria y para que se abstenga de realizar descuentos. En algunos casos serán del 50%. Es una medida de fuerza que se toma como consecuencia de que el Gobierno se retiró de la mesa paritaria”, indicó Babillón.
Durante la semana quien se expresó en contra de los paros fue el propio gobernador, Alfredo Cornejo, quien definió a la medida de fuerza como “inentendible”. A su vez, el mandatario destacó que el resto de los gremios estatales aceptó alguna de las ofertas salariales presentadas por el Ejecutivo en paritarias.
El Colegio de Abogado de Mendoza se manifestó a través de una nota presentada en la Suprema Corte en la que le solicitó una nota por el funcionamiento administrativo de la Justicia. Además, el organismo colegiado solicitaba un pedido de garantizar una atención mínima en las guardias judiciales.
Este pedido no cayó para nada bien a los gremios ya que definieron la actitud del colegio como de “lamentable”. En tal sentido, coincidieron que el reclamo tendría que haber sido dirigido hacia el Poder Ejecutivo.
“Están exigiendo guardias y no entienden que ese reclamo se lo tienen que pedir a un magistrado. Los empleados y funcionarios judiciales tenemos derecho al reclamo y al estado de huelga”, manifestaron los sindicalistas.
Antes las declaraciones de Valerio, Babillón reveló que “el tiempo en el que se recupere el sistema judicial va a ser largo porque una vez que vuelva el personal se verá el tema de los atrasos de las audiencias y ahí empezar a fijar nuevas fechas como también del resto de las tareas administrativas“.
Para Fakonja, la única manera de que se retome el servicio administrativo es que “las partes nos sentemos en una mesa de negociación. Nosotros con esto no hacemos política, solo estamos defendiendo derecho de que la gente a percibir un salario en condiciones dignas de trabajo“.