En medio de una sesión plagada de chicanas como una extensión de las recientes elecciones, la Cámara de Diputados discutió sobre el pedido de informes sobre los presuntos maltratos y abusos en hogares de la ex Dinaf de San Rafael.
La cuestión que saltó políticamente hace una semana y generó revuelo en el sur, en medio de la campaña electoral, había sido tratado en la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja.
El conflicto volvió a instalarse este miércoles en la sesión semanal. José Luis Ramón hizo hincapié en informes que habían solicitado desde la bancada opositora -entre ellos, el caso de Nataniel Guzmán-, pero como el debate fue subiendo de tono también filtró la investigación judicial que se está realizando en San Rafael.
Desde la UCR, en cambio, aseguraron que el diputado de Protectora mezcló los temas, que no estaban en el orden del día. Luego, el oficialismo pidió un cuarto intermedio para finiquitar el tema en el recinto. Se esperaba que el pedido de informes se tratara este martes, pero quedó por el momento en suspenso y podría discutirse la semana próxima.
Qué quiere saber la oposición
El pedido apuntó, por un lado, que el Ministerio de Desarrollo Social y Salud explique el convenio que tenía con la Fundación Fuerza Activa y el Hogar Puentes de Amor.
Por el otro, se pidió al Ministerio Público Fiscal que aclare por qué se decidió cambiar al fiscal que instrumentaba inicialmente la causa. Actualmente, la investigación está a cargo del fiscal Mauricio Romano de la Fiscalía de Instrucción N°1 de la Segunda Circunscripción Judicial, a partir de una denuncia hecha por funcionarios de la exDinaf.
La denuncia pública fue realizada dos semanas atrás por Kurt Ottosen, un joven militante del PRO sanrafaelino, que indicó a través de un video de Instagram que hubo presuntos casos de maltrato y abusos a chicos alojados en los hogares de San Rafael bajo la órbita de la Dirección General de Protección de Derechos.
En este caso, el pedido de informes exigió al organismo estatal que aclare cuál es el paradero y el estado de salud de los 13 chicos que estuvieron albergados en el Hogar Puentes de Amor.
A su vez, exigieron el estado de la denuncia penal que presentó Vanina Barone, máxima autoridad de la DPG a nivel provincial, en la Fiscalía de Instrucción de San Rafael.
La denuncia de la DPG
Vanina Barone, responsable de la Dirección de Protección de Derechos a nivel provincial, detalló que el viernes 4 de agosto presentaron una denuncia penal para que se investigue “la posible comisión de delitos contra la integridad sexual que habrían ocurrido en los establecimientos dependientes de nuestra repartición, los cuales negamos y desconocemos su existencia“.
Ante las sospechas del peronismo, Barone explicó: “Los chicos que está buscando están en los hogares de San Rafael. No están desaparecidos, tienen un seguimiento técnico y judicial, hay un proceso de legalidad atrás de esto”.
Respecto a los presuntos casos de abusos que mencionó Ottosen en su vídeo de Instagram, la funcionara explicó que las denuncias públicas que hizo el presidente de Fuerza Activa no hizo referencia a que sucedieran en los hogares de la ex Dinaf.
También, Barone dijo que muchos chicos “lamentablemente” han vivido ese tipo de situaciones previo a estar a cargo de la DPG.
“Algunos chicos traen una historia previa. A veces en su relato hay alguna temporalidad. Entonces puede él estar haciendo una referencia algo que pasó anteriormente y no necesariamente algo que pasa. Los chicos han ido al Cuerpo Médico Forense, quien es el que está evaluando y está en mano de la justicia y de los equipos técnicos de la DPG”, se explayó Barone.
El motivo del cambio de fiscales
Uno de los reclamos del PJ es el llamativo cambio de fiscal en la causa penal presentada por la DPG. Desde Cambia Mendoza sostuvieron que el pase del fiscal Mauricio Romano, encargado de la fiscalía de Violencia de Género y Abusos, por Iván Abalos de la Fiscalía Instrucción de San Rafael, ya estaba avalada por el Procurador General de la provincia, Alejandro Gullé, previo a la denuncia pública de Ottosen.
Según la resolución N° 411/2023 del Ministerio Público Fiscal, detalla que el fiscal Romano sufrió una agresión física en plena audiencia el 17 de enero de 2023. Por este motivo pidió el 13 de febrero al Procurador General una licencia psiquiátrica hasta el 31 de julio del corriente año.
El 1 de agosto, Romano vuelve a sus funciones, pero pide el cambio de funciones. Es decir, pasar a la Fiscalía de Instrucción para un mejor aprovechamiento del capital humano. Procuraduría General emitió una resolución el 3 de agosto donde hace lugar al pedido del fiscal.
En síntesis, la causa presentada por la DPG está a cargo del fiscal Romano. De haber indicios fehacientes de que los chicos que estaban en el Hogar Puentes de Amor sufrieron abusos y maltratos, el expediente pasaría entonces a la Fiscalía de Violencia de Género y Abuso, que tiene como encargado al Fiscal Iván Abalos.
La postura del oficialismo
Desde Cambia Mendoza sostienen que la postura y declaraciones que realiza el peronismo local se basan solamente en sacar rédito político de una situación que se tiene que tratar con seriedad y “empatía”. Ante esta situación, el oficialismo provincial acompañará el pedido de informe de la oposición porque afirman que la información que exigen se encuentra de manera pública.
“Ya se lo hemos explicado en infinidad de veces al diputado (José Luis) Ramón, sigue sin querer entenderlo. Le hemos mostrado la resolución del Ministerio Público Fiscal que es previo a todo tipo de denuncias y él sigue insistiendo con las mentiras”, remarcó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
En consonancia, el dirigente radical exclamó: “Tenemos que tener mucha responsabilidad porque estamos hablando de menores y estamos hablando de identidades y de niños que han sufrido ya un proceso duro en sus vidas. No todo puede ser político para tergiversar discursos falsos como lo está haciendo el diputado Ramón”.
¿Cuáles fueron las acusaciones de Ottosen?
El miércoles 2 de agosto, Kurt Ottosen anunció que mediante la fundación que preside en San Rafael, Fuerza Activa, daba por finalizado el convenio que tenía con la DPG, ex Dinaf, en el cual le destinaban fondos para la mantención del hogar Puentes de Amor. Establecimiento que albergaba a 13 chicos.
La causa por el cual rescindía el convenio es que no era rentable y que los fondos que destinaba la DPG eran insuficientes. Tras el anuncio, Ottosen reveló que los 13 niños que recibió en su hogar provenían de hogares a cargo de la ex Dinaf y que presentaban signos de abuso, maltrato y medicados con dosis no recomendadas para menores de edad.
Ottosen apuntó contra las responsables de la Dirección General de Protección (DGP) del Sur, Silvina Gómez, y de la Provincia, Vanina Barone.