Caso extraño el de Mendoza. En la provincia conviven funcionarios que declaran abiertamente que no logran llegar a fin de mes con un sueldo de 500 mil pesos, con otros que, por el mismo salario –y más de una década viviendo de la actividad pública-, son capaces de administrarlo de tal manera que pueden comprarse autos de alta gama, motos de colección, o vivir en los countries más exclusivos.

La semana estuvo marcada por dos hechos que formaron parte destacada en la agenda de noticias. El primero, cuando la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de la Ley de Tope Salarial: la norma que establece que ningún cargo estatal puede tener una remuneración por encima de la que percibe el gobernador. El segundo, la intención de Rodolfo Suarez de renovar por al menos un periodo más a Gabriel Balsells Miró a cargo de la Oficina de Ética Pública. Y está claro que, en medio de la discusión, los dos temas se cruzan. Aunque por lo general no se advierta, se cruzan.

La decisión del máximo tribunal provocó reacciones de sectores que entienden que, de aplicarse de manera taxativa, hay áreas críticas y esenciales que quedan fuera de escala en comparación con el mercado. Por ejemplo, ciertas prestaciones médicas. Por eso, desde el Ejecutivo se apresuraron a aclarar que se están trabajando en excepciones; específicamente, en el Ministerio de Salud.

Tampoco es que Suarez gane una fortuna. El sueldo del mandatario anda en el orden de los 900 mil pesos bruto. Después de aportes y descuento de Ganancias, en su bolsillo quedan aproximadamente 670 mil pesos. No es para nada una mala paga, pero está emparentada con lo que percibe un gerente de alguna Pyme con aspiraciones; ni siquiera una CEO, donde, según consultoras especializadas en relevar periódicamente la evolución de las mensualidades en el mundo empresarial argentino, los sueldos netos superan el millón de pesos, privilegio que, por ley, en Mendoza tienen, sobre todo, los jueces y los responsables de los organismos de control.

Está claro que el sueldo del gobernador está lejos de la línea de pobreza, pero tampoco permite el despilfarro. Desde ahí, la escala es descendente: un ministro, por ejemplo, gana casi 100 mil pesos menos. Y los números siguen cayendo en el resto de los cargos políticos, como secretarios o subsecretarios. Pero las alarmas de la transparencia no saltan.

Con esos números en la mesa, hay funcionarios de segunda y tercera línea que al menos deberían explicar cómo tienen el nivel de vida que ostentan. La misma situación corre para legisladores de diferentes partidos que tienen un estatus económico lejos de lo que permitiría la remuneración que reciben. O son excelentes administradores de sus finanzas privadas y pésimos a la hora de gestionar dineros públicos, o algo se les está escapando a los organismos de control. Eso, siempre y cuando controlen.

La creación de la Auditoría de Ética Pública (más conocida como Oficina de Ética Pública) fue creada en 2018 con la idea de ser el órgano ejecutor de las políticas de transparencia en la provincia. Básicamente, estar a cargo de la custodia y el cotejo de las declaraciones juradas de los funcionarios y ser garante de que los pedidos de acceso a la información pública se respondan en tiempo y forma.

Más allá de los formalismos, poco de eso sucede. Las declaraciones juradas están ahí, en un repositorio de acceso público. Pero no todas. Solamente se pueden ver las del último año, con la imposibilidad de hacer una comparación simple y sacar conclusiones. Hacer un seguimiento para estudiar cómo fue la evolución patrimonial de un funcionario implica otro trámite.

“Informáticamente lo programamos así. Si alguien quiere una declaración jurada de un año anterior, sólo tiene que hacer un pedido de acceso a la información pública y se la entregamos”, explicó Alejandro La Micela, titular de la Dirección de Registro e Informática de la Oficina de Ética Pública. Es la dependencia que tiene a cargo el manejo de la documentación. Y la que debería auditar para chequear alguna inconsistencia.

“Nos encargamos de que cumplan. Y por lo general, si hay una incompatibilidad, les pedimos que corrijan. En el 80 por ciento de los casos, esto se da por errores de carga”, aclaró La Micela. ¿Qué ocurre con el 20 por ciento restante? Es parte del misterio.

Gabriel Balsells Miró decidió no hablar. Es un contrasentido que el custodio de la oficina símbolo de la transparencia institucional opte por el silencio porque, como aclararon desde su entorno, su pliego está nuevamente en juego. Paradojas mendocinas.

Más allá de lo que expone La Micela, es poco y nada lo que llega a la Dirección de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judicial; un área que hasta la creación de la Oficina de Ética dependía de Fiscalía de Estado. Allí alguna vez existió un plan de acción. Todas las declaraciones juradas del gobernador, ministros y legisladores debían ser auditadas de manera minuciosa. Y luego, por sorteo, un 5 por ciento del resto de los cargos que debían presentarla correría la misma suerte. A suerte y verdad.

Ese proyecto nunca prosperó. Para el responsable de la Oficina de Ética, el objetivo es lograr que todos presenten sus DDJJs. Y, si aparece una denuncia, ahí sí verificar si existe algo que justifique una investigación. De lo contrario, la Oficina ocupa un rol de mediador, casi conciliador en los conflictos que puedan suscitarse.

“Si detectamos una irregularidad, les decimos que renuncien a las incompatibilidades o que aclaren el origen de los fondos”, manifestó La Micela.

De ese testimonio se desprenden dos supuestos. Primero: si hay incompatibilidad debería haber una compulsa penal para una investigación bajo la presunción del delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios público. Es decir: un ladrón al que la Justicia le hace devolver un botín, sigue siendo un ladrón, por más que se arrepienta.

Segundo, si la explicación de los orígenes de los fondos no pasa a sede judicial para indagar sobre su licitud, queda en un mero trámite.

Por eso casi nadie rinde cuentas. Por eso, salvo los casos de los ex intendentes Luis Lobos y Sergio Salgado, a quienes la política les soltó la mano, no existen grandes causas sobre corrupción en los tribunales provinciales. La dirigencia mendocina tiene dos hechos que caracterizan a sus miembros, o a varios de ellos: son herederos de grandes fortunas o se casan con parejas millonarias. Es así como justifican sus bienes y sus estilos de vida. Nadie sondea ni inquiere sobre sus patrimonios, los de sus familiares, sus vehículos de alta gama, sus viajes o sus mansiones en barrios privados. Aparecen ahí, en el registro de las declaraciones juradas a la espera de que alguien denuncie y que desde la Dirección de Registro e Informática entiendan que hay motivos para pasar el caso a la Dirección de Investigaciones Administrativas.

El artículo 27 de la ley que le da forma al a Oficina de Ética es claro: tiene la misión de “recibir, registrar y acopiar declaraciones juradas de funcionarios/as y agentes comprendidos en la presente ley y proceder conforme a su normativa. Evaluar las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito, incompatibilidad en el ejercicio de la función o cualquier otra situación sospechosa, la que deberá ser informada con sus antecedentes y dictamen técnico a la autoridad de la que dependa el presunto infractor y a la justicia en caso de que implique delito y deberá emitir el certificado de cumplimiento de la obligación que establece la presente ley”.

Pocas veces, muy pero muy pocas veces, esto sucede.