La muerte de Eric, el niño que falleció al caer en un pozo de agua de una obra en Guaymallén, reveló que, a pesar de sus herramientas legales y la burocracia administrativa, el Estado es inútil para resguardar vidas y derechos.
La fatalidad dejó en evidencia que ese predio había sido clausurado por la Municipalidad y que la Provincia también había constatado infracciones varias. Sin embargo, el proyecto seguía desarrollándose, las fajas de clausura se arrancaban, las multas se amontonaban y los albañiles volvían a trabajar, pero en peores condiciones que antes, incluso, en horarios riesgosos.
Como hijos del rigor, sólo la tragedia frenó la serie de irregularidades en este conjunto de obras. Pero el Estado volvió a llegar tarde y de manera lenta. Así, no le sirve a nadie. Ni al vecino ni al trabajador, porque no basta, como graficaba un funcionario comunal, con describir el problema. También hay que intervenir con más decisión.