La agenda electoral del país está comenzando a construirse por estos días. Hay más de un problema sobre el que hablar y proponer ideas, principalmente, económicas. Sin embargo, la discusión en el partido gobernante se ha encaminado por la supuesta “proscripción” de la vicepresidenta. Nada más falso.
En tanto la condena por la causa Vialidad no esté firme, la ex mandataria no está limitada de ninguna manera por la Justicia. Y todo lo que tenga que argumentarse sobre su situación procesal tiene un lugar específico: se puede defender y apelar, ajustada a derecho, en los tribunales.
Reducir la campaña electoral a esa situación es riesgoso, fundamentalmente, porque, cuando tengamos que volver a elegir, se pretende que sea sobre una plataforma sin demasiado maquillaje entre candidatos que tendrán que decir claramente cómo piensan resolver los dramas estructurales que nos atrasan y que dejan a millones en la miseria.
Iremos a votar en la provincia un máximo de siete veces sobre un telón de fondo delicado en lo social: malhumor por los precios, temor por la inseguridad y el malestar por dirigentes que no responden a estas necesidades.