Más allá de las peleas institucionales de la dirigencia política y las principales fuerzas con representación parlamentaria por, entre otras cosas, la avanzada del Gobierno nacional sobre la Corte Suprema, está claro que la principal preocupación de los argentinos va por el bolsillo y cómo pueden asegurarse un nivel de vida que no sea contrarrestado por el aumento de precios.
No es que la vida institucional sea un tema menor, por el contrario, lo que afecta a estos debates es crucial, pero la agenda de la calle va por otro lado.
Con el último informe de la inflación, se cerrará un año en el que muchos recordarán las peores épocas de un país que, de un momento a otro, acumulaba valores dispares en sus góndolas. Prácticamente, al borde de una hiperinflación donde es imposible proyectar algo, ya sea a nivel de un gobierno o una economía familiar.
A la par, el Ministerio de Economía avanza con un proyecto para reformular el organismo que produce las estadísticas. Tampoco es una cuestión para dejarla pasar, ya que el INDEC registra el pulso de la vida económica y social del país.
Semejante reforma tiene que, en principio, mantener su autonomía. La experiencia indica que cuando esta institución –que permite saber qué políticas de Estado hace falta implementar– falsea sus datos, los problemas que debería describir se profundizan. Si una gestión miente o dibuja a su gusto los datos sobre la realidad, lo único que hace es que un país camine a ciegas.