La palabra presidencial tiene un capital único. Es la expresión hablada de la misma firma en un decreto, la voz que anticipa qué dirección va a tomar un país. Cada vez que se juega en el debate público, no puede ser arriesgada con datos falsos ni arrogancias, sin mesura o ausencia de racionalidad. Cuando un presidente habla sobre alguna de las cuestiones en las que su opinión determina una simple definición o, incluso, una medida, tiene que mantenerse con el respaldo más absoluto: lo que marca la Constitución nacional. Ese es límite para cualquier dirigente político, como así también para los electores.
El conflicto por la coparticipación –esa formidable cantidad de recursos en dinero que suele ser un tire y afloje entre Nación y provincias– volvió a dejar al Gobierno nacional en una situación de riesgo institucional, fundamentalmente, por la falta de diálogo político. Pero, días después, la reacción fue la contraria y se decidió acatar el fallo sobre una cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Por ello, puede interpretarse que lo primero que se dijo fue intempestivo o sobreactuado tanto desde la Casa Rosada como desde los gobernadores. No se previó que confrontar una vez más con la Justicia puede repercutir negativamente en los mercados y restarle confianza no sólo al Gobierno, sino también al país. ¿Alguien querrá invertir en un lugar donde no se respetan las reglas del juego democrático?