La transparencia en la distribución de programas sociales es una falla histórica, un incumplimiento por parte del Estado en explicitar los mecanismos de distribución y entrega de esta asistencia que ha sido importante para mantener a flote a buena parte de la población cuando las crisis cíclicas de Argentina se han profundizado.
Ocurre con el Potenciar Trabajo, ya que fue de entrada un mecanismo para calmar, disciplinar, ordenar y captar a través de los movimientos sociales, que son intermediarios del funcionamiento y las prebendas. Dentro de esto, y como consecuencia de la escasez de reservas en dólares, los requisitos para acceder a la ayuda eran claros: no se podía comprar moneda extranjera si, efectivamente, se recibe mensualmente el fondo. Podrá decirse que aquel subsidio es insuficiente ante un problema que desgasta los ahorros, como es la inflación. Pero, en principio, las reglas eran esas y había que cumplirlas. Es claro que el agravamiento de los problemas que no terminan de resolverse hacen surgir estas trampas y mañas. Pero eso, el fallo que ordena al Gobierno nacional a pagar esos montos para aquellos beneficiarios que habían sido suspendidos porque compraron moneda extranjera es, al menos, insólito.
Sobre todo, porque es el mismo juez quien pidió que esa lista de destinatarios vuelva a depurarse. Podrá entenderse como una vuelta más de este país apasionado por los absurdos. Pero no hay farsa sin tragedia, y es esta: es necesario profundizar en quienes funcionaron como gestores para quedarse con un cobro que no les corresponde y determinar si hay responsabilidades políticas.