Desde hace años, el nivel de discusión política en los ámbitos formales ha ido corriendo, paulatinamente, los límites.
Donde debería haber diálogo y una inclinación hacia el consenso, por el contrario, abundan los exabruptos, improperios y la virulencia. Y ese fenómeno rompió la microburbuja y se expandió con un grado de violencia hacia espacios más cotidianos, como el café o un almuerzo familiar. Se rompió este tejido fino, a cambio de otra perspectiva, y el que ofrece un punto de vista distinto es el enemigo y con quien no es posible razonar.
En este marco, la agresión al fiscal Diego Luciani –que acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad–, ocurrida en un restaurante, muestra claramente que hay un sector de la sociedad que no respeta los fallos judiciales y, ni por asomo, las reglas de la democracia. Que, incluso, se muestra predispuesta a provocar este tipo de situaciones que generan un efecto más profundo que la simple intolerancia.
Todo lo que tenga que discutirse o argumentarse jurídicamente sobre la situación penal de la expresidenta tiene un espacio ajustado a derecho, que es la Justicia. Por fuera de esto, las expresiones a su favor sólo tienden a desfavorecerla. Pero, por sobre todo, constituyen un paso más hacia la instauración de un clima de hostilidades del que nadie luego podrá estar liberado si no se frena a tiempo.