Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso del Tribunal Oral Federal 2 fueron los encargados de dar el veredicto este martes en la “causa Vialidad” en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Son magistrados que la ex mandataria nombró durante su Gobierno y que definió como un “pelotón de fusilamiento”.
Los tres dictaron la sentencia en el caso contra la ex presidenta y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La ex presidenta recibió una condena de 6 años de encierro e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
También tienen en común que sus decretos de designación como jueces de tribunales orales federales lo firmó Cristina Kirchner.
Gorini comenzó en 1988 como meritorio en un juzgado de instrucción nacional, donde fue secretario. En 2003 fue designado defensor oficial y dos años después, juez de instrucción. Al poco tiempo llegó a Comodoro Py, fue juez subrogante del Tribunal Oral Federal 4 hasta que en 2011 asumió como titular en el Tribunal Oral Federal.
Giménez Uriburu inició su carrera en 1989 como meritorio también en un juzgado de instrucción En 1994 pasó al Tribunal Oral Federal 2 y fue secretario. En 2001 fue designado juez luego pasar por un juzgado federal de primera instancia.
Basso, por su parte, empezó en 1993 también en el cargo más bajo, en la justicia federal pero de la provincia de Buenos Aires. Estuvo en el juzgado federal 1 de La Pata y también en un juzgado de Lomas de Zamora, allí hizo la mayor parte de su carrera y llegó a ser secretario.
En 2015 fue nombrado juez federal en Comodoro Py, pero en el Tribunal Oral Federal 3, pero integra el juicio de la obra pública porque el tercer integrante del Tribunal 2, Jorge Tassara, falleció en marzo de 2019. Salió sorteado para integrar la causa junto a Gorini y Giménez Uriburu.
Basso se diferencia de sus colegas por tener carrera política en el mundo judicial. Integra la “Lista Bordó”, la más crítica de las políticas judiciales del kirchnerismo y que desde hace 20 años preside la Asociación de Magistrados.
Los tres jueces han pasado por juicio de impacto político. Gorini y Giménez Uriburu condenaron a la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, por el caso del dinero encontrado en el baño de su despacho y el primer juicio por la tragedia de Once. También juntos condenaron al ex presidente Carlos Menem por la venta del predio de la Rural y participaron de juicios por delitos de lesa humanidad.
Gorini también estuvo en el juicio por las irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA y en el de la tragedia de LAPA. En tanto, Giménez Uriburu juzgó la represión de diciembre de 2001 en la salida del gobierno de Fernando De la Rúa y a la ex secretaria de medio ambiente Romina Picolotti.
Basso, asimismo, tuvo los juicios al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza por el caso “Oil Combustibles” y el segundo proceso a Carlos Telleldín por el atentado a la AMIA. También juzgó casos de lesa humanidad como el “Pozo de Arana” en el que condenó al genocida Miguel Etchecolatz, el robo de menores en el hospital militar de Campo de Mayo, entre otros.
La vicepresidenta y el empresario dueño de la firma “Austral Construcciones”, Lázaro Báez, enfrentaban un pedido de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. También reclamaron la “inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos”.
El veredicto podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país.
Fuente: Con información de Infobae y La Nación.