Los detectives que investigan la desaparición de Silvia Zulema Chávez (72) se enfrentaron desde un principio a una difícil tarea, ya que su paradero fue denunciado más de tres meses después de que fue vista por última vez.
Pese a esa desventaja, la causa que recayó a comienzos de este mes en el despacho del fiscal de San Rafael Javier Giaroli sumó en los últimos días su primer detenido: Mauricio Gonzalo Albornoz Bravo.
El hombre, de 37 años, le alquilaba a la mujer un departamento en el fondo de su vivienda y protagonizó algunos conflictos con ella por cuestiones de convivencia antes de que se ausentara.
Ese y otros indicios condujeron a que el representante del Ministerio Público imputara a Albornoz por homicidio simple y hurto -ya que durante un allanamiento le encontraron unas pertenencias de Chávez- y ordenara que pase a prisión.
Durante la medida en la que cayó el principal sospechoso que tiene el expediente, también fue aprehendida su pareja. Aunque sólo la acusó por hurto y se le tomó una declaración informativa por el homicidio.
Fuentes judiciales indicaron que no es la primera vez que el presunto matador tenía problemas con la ley, ya que le figuran dos condenas por delitos contra la propiedad en los últimos años.
Pruebas y sospechas
Albornoz también quedó comprometido por una serie de llamados a la línea de emergencias 911 en los que se quejaba por los ruidos molestos y constantes movimientos a altas horas de la madrugada.
La mujer describió que le tenía “miedo” a su inquilino y motivó que una operadora del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) enviara una movilidad hasta su domicilio. Por estas horas, los pesquisas buscan establecer qué surgió de ese desplazamiento policial.
Por su parte, también se conoció que Chávez se asesoró con una abogada para llegar a un acuerdo con Albornoz, ya que lo quería fuera del departamento que le rentaba.
Incluso, la mujer le ofreció devolverle el dinero que había abonado por el alquiler. De las averiguaciones surgió que el acusado accedió de palabra, pero que nunca lo concretó.
Eso fue días antes del 21 de julio, día en que el celular de la enfermera registró actividad por última vez, señalaron fuentes consultadas.
Las semanas pasaron y nadie supo nada sobre la mujer. Pese a eso, nadie radicó la denuncia, ni siquiera sus familiares cercanos. No fue hasta el 1 de noviembre que una ex cuñada suya se presentó en una sede judicial y consultó por novedades en su caso.
Cuando los funcionarios que la asistieron intentaron rastrear el expediente, no encontraron ninguna denuncia de paradero a nombre de Chávez, por lo que se inició la investigación.
Desde allí hasta este miércoles, los sabuesos policiales y judiciales se movieron con celeridad y consiguieron importantes avances.
Ahora, aguardan por una prueba clave que podría confirmar que la mujer fue atacada hasta la muerte en su domicilio de calle Ecuador al 1600, del barrio Diamante.
Se trata de los análisis de rastros hemáticos que detectó en el interior de esa propiedad un can de la Escuela Canina de Adiestramiento Mendoza (Escam). En caso de que coincidan con el ADN de la víctima, se confirmará la teoría de la Fiscalía.
En tanto, continúan las tareas para determinar donde pudieron enterrar el cuerpo de la víctima, del que aún no había pistas.
Prontuariado
Albornoz resultó ser un viejo conocido para el fiscal Giaroli, ya que lo tuvo como imputado en 2019 en una causa por robo simple.
Por ese expediente, el ahora acusado por homicidio fue condenado durante un juicio abreviado el 15 de mayo de ese año a un mes de prisión de cumplimiento efectivo, por ser reincidente.
La anterior condena fue el 12 de octubre de 2017 por un robo agravado en grado de tentativa. En esa causa, liderada por la fiscal Andrea Rossi, recibió un castigo de cuatro meses de encierro.