La Justicia detectó un “plan sistemático” del Gobierno para quedarse con los registros del automotor ocupados en la gestión anterior. En tal sentido, se determinó que el 92% de las auditorías realizadas fueron contra interventores elegidos durante la presidencia de Mauricio Macri.
Según publicó el portal Infobae, una investigación expuso un sistema clientelar vinculado a estos registros, que habitualmente funcionaron como una caja política millonaria para beneficiar a familiares y allegados a los gobiernos de turno.
María Carolina Pandolfi, jueza federal de Neuquén, suspendió el desplazamiento contra una interventora a cargo del registro del automotor número 6 de esa provincia en junio de 2022, realizado por el actual gobierno, precisamente por la directora nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro Urquiza. Además, le ordenó al Estado que la reponga en su cargo.
Pese a tratarse de una medida cautelar, esto pone de manifiesto las irregularidades. En concreto, la magistrada sostuvo que durante los últimos tres años hubo un “plan sistemático” para remover a los interventores que fueron elegidos entre 2015 y 2019.
La decisión de la jueza respecto a la interventora se basó en una auditoría oficial, un requisito administrativo para remover a los auditores que no fueron designados por concurso. Allí se detectaron supuestas irregularidades en el funcionamiento del registro: errores en la facturación, omisiones en realizar consultas en trámites que podían ser observados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y denuncias de usuarios.
La investigación
Antes de resolver, la jueza Pandolfi le pidió al Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria, un informe sobre todas las auditorías realizadas por la Dirección Nacional del Automotor desde diciembre de 2019, que arrojó que desde ese momento se realizaron 122 auditorías, 34 en 2020, 56 en 2021, y 32 hasta el 20 de julio de este año.
El dato llamativo fue que el 92% de las auditorías fueron contra interventores designados en el gobierno anterior. “Sin perjuicio de admitir que es posible que en todos los casos, los encargados o interventores designados en el período 2015-2019 y sancionados hayan incurrido en faltas suficientemente graves para fundar la grave sanción aplicada, lo cierto es que el análisis del cuadro general permite considerar por el momento verosímil la hipótesis alegada por la actora, esto es, la existencia de un plan de remoción sistemático que afectó especialmente a los encargados de Registro designados en la gestión de gobierno previa a la actual”.
Por esas oficinas pasan todos los trámites vinculados al patentamiento o transferencia de autos, motos y maquinarias agrícolas del país. Aunque los costos varían, se paga alrededor de un 6% del valor de cada vehículo.
Fuente: Infobae.