El Gobierno nacional quiere abrir el debate sobre un proyecto de “ley contra el odio” luego del ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El peronismo busca el apoyo de la oposición, que ya se mostró en contra y la definió como “ley mordaza”.

Tras el atentado contra la ex mandataria, en el Frente de Todos comenzó a tomar impulso esta propuesta que parecía marginal y que apunta a combatir los “discursos del odio”, que, según el peronismo, fueron los causantes del ataque ocurrido el jueves pasado.

El presidente Alberto Fernández discutió la idea con los principales líderes legislativos del oficialismo y algunos de los miembros de su entorno. Habló con Germán Martínez, jefe del bloque del FDT en Diputados, y con la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau. 

Al respecto, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, dijo este martes que el Frente de Todos quiere “controlar la libertad de expresión” con una propuesta que llamó “ley mordaza”.

“El kirchnerismo intenta distraer y propone una ley mordaza. Con el argumento de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, la Justicia y la oposición, buscan controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir”, afirmó el dirigente de Juntos por el Cambio durante una conferencia de prensa.

“Mi visión es exactamente la contraria. En lugar de callar al que piensa distinto, propongo más libertad. En lugar de la censura, propongo más libertad”, añadió.

Aún no está definido cuándo ni de qué manera concretará el debate. Tampoco hay un borrador de la iniciativa. Lo que existe es la intención de “discutir en todos los ámbitos” la manera de lidiar con los mensajes que generan violencia.

Al respecto, distintos dirigentes kirchneristas apuntaron contra la oposición y algunos medios de comunicación como responsables de crear el ambiente político que llevó a un hombre a intentar asesinar a la vicepresidenta.

Victoria Donda, la titular del INADI, deslizó una propuesta en este mismo sentido en una columna publicada el domingo en Infobae, llamada “La política del gatillo”, donde dijo que es “urge tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas” y apuntó que “los periodistas y la dirigencia “no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos”.

Por su parte, Alejandro Grimson, titular del programa Argentina Futura, que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, y quien actúa como asesor de Alberto Fernández, afirmó en una entrevista con Radio Provincia en las últimas horas que “la Argentina tiene que avanzar en la limitación de los discursos del odio”.

Esta intención del Gobierno no es nueva. La iniciativa de la Defensoría del Público, que conduce Miriam Lewin, para crear un “observatorio de la desinformación y la violencia”, denominado en su momento NODIO, generó hace dos años una profunda polémica, con aclaraciones varias sobre la verdadera intención de la entidad que se quería conformar, y que finalmente no se concretó.

Antecedente venezolano

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida como Ley contra el Odio, fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, conformada exclusivamente por miembros oficialistas en noviembre de 2017.

Esa norma establece penas de hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas mediante cualquier medio, y legaliza el bloqueo de portales que sean considerados inadecuados por su contenido.

Indica también que la persona que difunda un “mensaje de odio” en las redes sociales deberá eliminarlo dentro de las seis horas siguientes a su publicación, o de lo contrario deberá pagar una multa.

La ley establece, a su vez, como sanción entre 8 a 10 años de cárcel a funcionarios que se abstengan, omitan o retarden la consumación de un delito de odio y al personal de salud que se niegue a atender a una persona por razones de odio.

Esta legislación ha sido ampliamente criticada en Venezuela por “estar diseñada para penalizar la disidencia política al tipificarla como delito, establecer restricciones a la libertad personal y promover la censura”.