El Gobierno de Mendoza explicó que decidió prohibir la realización de asambleas gremiales en las escuelas en horarios de clase para limitar el ingreso de personas ajenas al establecimiento y proteger el derecho a la educación de los niños. Para los sindicatos, esta medida es inconstitucional y busca frenar su accionar en medio del conflicto salarial.

A través de la resolución 2712, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso que las reuniones sindicales y de personal no podrán interrumpir el normal dictado de clases.

Sebastián Boulin, director de Asuntos Jurídicos de la DGE, explicó que con esto buscan “limitar el ingreso de personas ajenas a los establecimientos educativos”, como hizo tiempo atrás con las actividades religiosas, y que “cuando los alumnos estén en el aula no se haga otra cosa más que dictar clases”.

“Queríamos hacerlo gradualmente, por la pandemia de coronavirus no era urgente porque no ingresaban personas, pero ahora la actividad volvió a la normalidad. Lo hicimos con las iglesias y ahora de un modo similar con los sindicatos”, afirmó.

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El Gobierno determinó que las asambleas “deberán finalizar quince minutos antes del inicio de la jornada escolar o comenzar después de transcurridos quince minutos de la finalización del horario de clases”. 

La resolución también dice que no podrán desarrollarse sin previa notificación de su fecha y hora de realización, con 48 horas de anticipación. En este sentido, Boulin indicó que sobre los gremios ya pesaba este deber: “Si no avisaban, la directora podía no permitir la asamblea”.

“Es razonable. Es pedirles que cuando estén en clases no realicen asambleas. Tenemos que cumplir con ciertos días de clases. La prioridad es la seguridad de los chicos. A veces se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan”, dijo Boulin, quien añadió que han habido casos de conflictos durante estas reuniones, pero que la resolución no parte de eso, sino que tiene un carácter más bien “preventivo”.

La postura gremial

Los gremios, por su parte, reaccionaron frente a esta disposición, en medio del conflicto que mantienen con la Provincia por aumentos salariales. Por eso, el Ejecutivo aseguró que en la última semana de julio convocarán a discutir un incremento. Sin embargo, los sindicalistas siguieron presionando con medidas de fuerza. El pasado viernes 8, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó un paro con movilización a la Casa de Gobierno.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que prepara un paro tras el receso escolar, los días 26 y 27 de julio, pedirá la impugnación de la resolución por ser “restrictiva en términos de libertad sindical y de expresión”.

“Quieren regular, pero eso no se hace con menos derechos. Pretenden frenar el conflicto de manera autoritaria, para resolverlo pueden recurrir a medidas más democráticas que esta. No somos ajenos al sistema educativo”, planteó Gustavo Correa, uno de los representantes del gremio docente.

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Por su parte, ATE aseguró que “es una medida fuera de lugar, irregular e inconstitucional porque ningún gobierno puede regular las medidas de acción directa”.

Al respecto, el director de Asuntos Jurídicos de la DGE, respondió: “Decir que es inconstitucional es un disparate. Es reglamentar los derechos de los sindicatos para que coexistan con los de los chicos”.

Abogados consultados por este medio indicaron que la Ley 23.551 es la que garantiza el derecho a la libertad sindical, y al mismo tiempo, los empleadores, en este caso el Estado, tiene la facultad de organizar las actividades de los trabajadores, siempre y cuando no vayan contra esa norma. 

Esa ley, en su artículo 4, establece que las asociaciones tiene derecho a “reunirse y desarrollar actividades sindicales”. A su vez, el artículo 23, dice que esas reuniones pueden realizarse “sin necesidad de autorización previa”.

“Buscan limitar a los trabajadores y a los sindicatos. La asamblea es parte del derecho a huelga. En el caso de los servicios esenciales, como la salud, no puede interrumpirse una cirugía, eso ya está regulado. No pueden meter otra regulación”, opinó el secretario general de ATE, Roberto Macho, quien sostuvo que la medida del Gobierno es “una práctica desleal” y “un bochorno”.

Los gremialistas sostienen que las asambleas, en ocasiones, se realizan durante el horario de clases porque se debaten temas vinculados, por ejemplo, a las condiciones de trabajo o edilicias, y que no solo se tratan cuestiones paritarias.

Respecto a los aumentos salariales, eje del conflicto, la Provincia anunció en junio que adelantaba a julio la franja de ajuste del 5% prevista para noviembre, y que pasaba para este mes la realización del llamado de la convocatoria a negociaciones que debía hacerse en septiembre.