Este jueves se presentó un proyecto de ley para que los adjudicatarios de casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) puedan escriturar sus inmuebles, a pesar de que tienen deudas con el organismo hipotecario. La iniciativa también establece que puedan acceder a descuentos para finalizar los pagos.

”Tenemos una cartera de 60.000 créditos, esta ley apunta a beneficiar casi al 70%”, explicó la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, Marta Ontanilla. Ese porcentaje se trata de personas que deben el pago de las cuotas y no poseen los títulos.

La morosidad, que es del 60%, es uno de los problemas que quieren solucionar. Desde el IPV indicó que si la norma se aprueba, las familias podrán regularizar su situación mediante distintos beneficios como la quita de intereses y descuentos. Esto va a permitir ”cancelar deudas históricas”, señaló Ontanilla.

Esos beneficios dependerán del saldo de capital adeudado o la antigüedad de la vivienda o crédito.

Durante el 2021, el Instituto incentivó a sus adjudicatarios a que completen sus pagos a través de bajas en las cuotas dependiendo del valor de las mismas. Una de esas medidas alcanzó a titulares de viviendas o créditos entregados hace más de 30 años y cuyas cuotas en muchos casos eran inferiores a $100.

Sin embargo, el porcentaje de familias en esa situación sigue siendo elevado, por eso, acuden a la sanción de una ley que habilite la posibilidad de otorgar más beneficios para promover los cumplimientos.

Los incumplimientos recaen en el titular de las casas, es decir, el IPV. Es por eso que uno de los objetivos del proyecto de ley de Regularización Dominial presentado en la Legislatura es dejar de afrontar los gastos que esas viviendas ocasionan por estar a nombre del Estado.

A su vez, el proyecto establece que quienes habiten una casa entregada por el IPV producto de una venta, cesión de derechos o permuta, podrá solicitar el cambio de titularidad.

Durante la presentación, Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura Pública, afirmó que buscan ”ayudar a los adjudicatarios de viviendas que ya son poseedores de las mismas a que puedan tener las escrituras”.

Los interesados accederán a la escrituración aún cuando registren deuda con diversos organismos. Esto no significa que esas deudas sean condonadas sino que, al ser reconocidas, les permitirá continuar con el curso del trámite, explicaron.

El Instituto pretende que el proyecto se trate en los primeros meses de 2022 para poder implementar la ley ”en marzo o abril”.