El presidente Alberto Fernández se reunirá el próximo lunes con los gobernadores de todo el país para avanzar en la firma de un nuevo consenso fiscal que les permitiría a las provincias mantener sus actuales cargas tributarias -debían bajar algunos gravámenes provinciales, como Ingresos Brutos- y también crear nuevos impuestos, como por ejemplo a las herencias.

“El lunes habrá una reunión del Presidente con los gobernadores donde se va a conversar sobre el nuevo consenso fiscal”, confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en la habitual rueda de prensa que realiza los jueves en la Casa de Gobierno.

El nuevo consenso fiscal fue analizado por el Jefe de Estado y los 13 mandatarios provinciales del justicialismo que se reunieron esta semana en la residencia de Olivos, en un encuentro en el que se habló de las partidas presupuestarias de cada distrito para el año próximo y se escucharon las expresiones de preocupación de los mandatarios por el rechazo opositor al Presupuesto 2022.

El nuevo consenso es la renovación del acuerdo que rubricaron en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri y que el Frente de Todos modificó en torno a los impuestos y alícuotas provinciales.

El borrador de un nuevo consenso fiscal para 2022 comenzó a circular en las últimas horas y el Gobierno nacional espera poder firmarlo el próximo lunes en Casa de Gobierno, tal como adelantó Cerruti, sin más precisiones.

Más temprano, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó su rechazo: “La Ciudad no va a firmar el consenso fiscal que incluye aumento de impuestos. En la Ciudad no vamos a aumentar impuestos por eso mismo no vamos a firmar el consenso fiscal”.

Qué dice el nuevo consenso

El consenso le permitirá a las provincias mantener hasta fin de año de 2022 los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, por encima de lo acordado en el pacto fiscal de 2017.

Pero la propuesta tiene otro punto polémico: “Las Provincias y la CABA, dentro del transcurso del año 2022, procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda a bienes situados en su territorio y/o beneficie a personas humanas o jurídicas domiciliadas en el mismo, y aplicarán alícuotas marginales crecientes a medida que aumenta el monto transmitido a fin de otorgar progresividad al tributo. El mismo alcanzará el enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, incluyendo las herencias, los legados, las donaciones, los anticipos de herencia y cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito”.

Lo llamativo es que el texto señala que tanto las provincias como la ciudad de Buenos Aires “procurarán” crear el impuesto.

Hasta el momento, Buenos Aires es la única provincia que cobra una carga de este tipo. En 2009 intentó instrumentarlo el entonces gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, pero la Legislatura no se lo aprobó. En 2013, Entre Ríos lo impuso y el gobernador Gustavo Bordet lo derogó en 2019.

Además, el consenso le permitirá a las provincias mantener hasta fin de año de 2022 los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, por encima de lo acordado en el pacto fiscal de 2017.

Según ese plan, en 2022 las actividades primarias quedarían exentas, al igual que gas, electricidad y agua; la intermediación financiera tendría un tope de 5%, como el comercio. Ese camino quedó trunco cuando, en 2019, apenas asumido Alberto Fernández firmó un nuevo acuerdo que dejó sin efecto los topes establecidos por el original.

El borrador ratifica que se deben mantener desgravados los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes (excepto los vinculados con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios) y los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país.

Con respecto a Sellos, establece una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.

Deuda y demandas

Respecto de la toma de deuda por parte de las provincias, la iniciativa sostiene que por un año, desde el 31 de diciembre del actual, solo se podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera si es con organismos bilaterales o multilaterales de créditos o con acreedores institucionales, si son desembolsos pendientes de acuerdos previos al 31 o si son canjes o reestructuraciones cerradas antes de esa fecha.

Las operaciones de emisión de Títulos Públicos en moneda nacional con vencimientos a 18 meses solo se habilitarán si son para “financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida” antes del 31 próximo. Se aclara que la Nación “denegará” autorizaciones para las operaciones que se aparten de estas condiciones.

Como en los años anteriores, el consenso a firmar compromete a los distritos a “abstenerse” por un año de iniciar procesos judiciales y a “suspender por igual término los ya iniciados”, relativos al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y a transferencias de competencias, servicios o funciones.