Más allá de las excusas y los argumentos puestos por el Gobierno para separarse de los dichos del ex senador Héctor Bonarrico, la bruma de sospechas sigue espesa sobre la gestión de Rodolfo Suarez. Por ahora, lejos de aclarar, nada logra despejar la ecuación casi matemática que llevó al pastor a afirmar que el subsidio de, al menos, 18 millones de pesos que iba a recibir la fundación que preside era un reconocimiento económico a la postura política que tuvo en los últimos meses como legislador.
El tema es que si Bonarrico lo entendió así, es porque, supuso, en algún momento, que debía recibir alguna gratificación por su alianza política y electoral. Y, como no fue en formato de cargo, creyó que venía con cara de subsidio.
Lo cierto es que, equivocada o no la lectura hecha por el religioso, no basta con la declamación de transparencia del Ejecutivo, al señalar que, como no había nada que ocultar, el decreto –a la postre trunco– fue publicado en el Boletín Oficial. Pero, hay algo más grave aún y que no tiene que ver con la oscura y profusa rosca política, y es poner en duda la entrega de un subsidio como recurso discrecional cuyo objetivo es apoyar emprendimientos o brindar ayuda a sectores que necesitan de esa mano del Estado.
Son todos los organismos del control los que tienen la misión de responder y de aportar algo de claridad, de demostrar que no se están usando los recursos de todos los mendocinos para hacer favores partidarios o por meros intereses políticos. Porque, lo que se puso en juego es mucho más que la credibilidad del Gobierno.