El crimen de Roberto Sabo, un kiosquero de Ramos Mejía, en La Matanza (Buenos Aires) asesinado este domingo, a plena luz del día, por un delincuente de 30 años, conmocionó a la opinión pública y coló a la inseguridad como uno de los temas más calientes en el sprint final de cara al 14N.

La inseguridad es, desde hace décadas, una de las principales preocupaciones de la sociedad. Pero el Frente de Todos no contaba con que se metiera en la última semana de una campaña electoral en la que apuntó a medidas concretas para generar un contexto anímico positivo.

Por ese motivo la Casa Rosada no esperaba que el asesinato del kiosquero derivara en tamaña manifestación popular en contra de la inseguridad en su principal bastión electoral, La Matanza. Menos aún la represión policial, un accionar alejado a todos los manuales del oficialismo.

Este lunes una multitud de familiares, amigos y vecinos de Sabo se manifestaron frente a la comisaría 2°, que está a tres cuadras de donde el comerciante fue asesinado de un disparo en la cabeza el último domingo, en reclamo de justicia y mayor seguridad. Un triple vallado policial impidió que la gente se acercara: hubo forcejeos, gases lacrimógenos, botellazos, piedrazos y el grito de “que se vayan todos”.

Ramos Mejía era una típica localidad de clase media que ahora es de clase media-baja producto de las reiteradas crisis. Desde el punto de vista político, pese a pertenecer a La Matanza, allí se concentra un voto crítico contra el peronismo.

El asesinato de Sabo en un distrito en el que el kirchnerismo tiene votos de sobra para recuperar cayó como un baldazo de agua helada. Los datos son contundentes: en las elecciones de octubre del 2019, el intendente peronista Fernando Espinoza ganó con el 64% de los votos, algo más de 531 mil. En las PASO de septiembre, la boleta del Frente de Todos tuvo el 47,3% de las adhesiones: 303.458 votos.

En el Frente de Todos sospechan de algún tipo de movimiento opositor detrás de la ebullición social que se vivió en Ramos Mejía. En ese sentido, remarcan que dirigentes y punteros vinculados con Juntos por el Cambio aprovecharon para apuntalar un clima de malhumor que se terminó de instalar con el crimen del comerciante, pero que ya sobrevolaba la zona. Pero como no lo pueden probar, no lo pueden decir públicamente.

Frente a semejante movimiento de réplica popular, en Casa Rosada medirán con extrema cautela cualquier definición antes de hacerla pública. A priori, guardarán silencio sobre el caso del kiosquero asesinado, en parte porque desconocen como tratar un tema tan sensible a tan poco de las elecciones y también porque el hecho ocurrió en un municipio donde los votos para el oficialismo están asegurados.