Los funcionarios provinciales sancionados por el Tribunal de Cuentas por diferentes irregularidades en sus gestiones podrán acceder a un plan de pago para cancelar sus deudas y evitar de esa manera el posible avance de una causa judicial. Así lo establece la resolución 28 de la Fiscalía de Estado, publicada este martes en el Boletín Oficial.
En los considerandos de la medida se destaca que el órgano encabezado por Fernando Simón es el encargado de cobrar “el importe correspondiente a la multa o cargo impuesto por el Tribunal de Cuentas” y que tiene la facultad legal de “celebrar acuerdos judiciales o extrajudiciales de pago”.
El Tribunal de Cuentas es el organismo constitucional que debe “aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia”. Y en caso de detectar irregularidades en los balances de las dependencias oficiales, puede imponer cargos o multas a sus responsables.
El cargo es el dinero que se debe restituir por haber realizado un daño patrimonial al Estado, mientras que la multa es una sanción que se impone en razón de un procedimiento administrativo irregular.
Cuando el funcionario sancionado por el Tribunal de Cuentas no paga, el expediente llega a la Fiscalía de Estado, que debe encargarse de recuperar el dinero para el erario público. Pero la realidad indica que en muchos casos ese cobro se dificulta porque los involucrados presentan acciones judiciales que pueden frenar varios años la ejecución del fallo.
Ante esta situación, la Fiscalía de Estado buscó una alternativa para poder cobrar esas deudas, algunas ínfimas pero otras millonarias, como los conocidos casos que tuvieron como protagonistas a las exautoridades del Casino en 2014 o el más reciente que involucra al ex titular de Vialidad Provincial, Oscar Sandes, y a otros funcionarios del organismo.
Sólo por expedientes correspondientes al ejercicio 2020, la dependencia a cargo de Simón tiene para ejecutar cerca de 10 millones de pesos por sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas. Pero hay multas y cargos aún no cobrados que datan de hace 14 años.
Plan de pagos, no moratoria
“Es un proceso más preciso y transparente”. Así calificó Luciano García Bistué, director de coordinación de Fiscalía de Estado, a la medida conocida este martes.
Se trata de un “régimen de planes de pago resulta de aplicación a los acuerdos judiciales o extra judiciales que se celebren para la cancelación las deudas provenientes de multas y/o cargos impuestos por el Tribunal de Cuentas”, sostiene el artículo 1° de la resolución.
El plan incluirá “el monto de la multa o cargo más los intereses legales y de refinanciación”, explica el artículo 2°. En este punto, García Bistué aclaró que “no se trata de una moratoria porque no hay descuentos”.
Dependiendo del monto actualizado de la deuda, se podrá acceder a planes que van desde las seis cuotas “iguales y consecutivas, con un interés de financiación del 1,25% mensual sobre saldos”, hasta las 60 cuotas, con un interés de 2,25%.
“Cuando el expediente llega a apremio, la gente se acerca para ver cómo puede cancelar la deuda. Ahora tendrán facilidades para pagar, con los intereses correspondientes“, enfatizó el funcionario.
En tanto, el artículo 4° establece las cuatro causas de caducidad del plan:
- Incumplimiento del pago de la primera cuota a la fecha de su vencimiento.
- Mora en el pago de tres cuotas consecutivas.
- Mora en el pago de tres cuotas alternadas, a los 30 días de producido el vencimiento de la tercera impaga.
- Transcurridos 60 días del vencimiento de la última cuota del plan cuando exista alguna impaga, excepto la primera.
“La idea no es maltratar (al deudor) sino que saque un plan y se ponga al día. Es una política similar a la que tiene la ATM con los morosos”, señaló García Bistué.