El nuevo capítulo sobre la promoción económica para algunas provincias, que Mendoza ha visto como una nueva amenaza, ha sacado a la superficie no sólo la concepción y visión que tiene en el manejo del Estado la coalición de los varios peronismos que hoy están al frente del Gobierno. Además, ha dejado en claro las notables diferencias que esa manera, esa forma de ver el Estado y el estilo, inclusive, con que se lleva adelante, tiene con la otra coalición que gobernara el país hasta fines del 2019 y que lideró Mauricio Macri. Una cuestión ideológica y metodológica.

La estrategia del oficialismo nacional, más vigente que nunca, parece apostar por ese juego de cercanías y lejanías con que se manejan y conducen las provincias respecto de quien está al frente de la Casa Rosada. Cuando el gobierno de Rodolfo Suarez vio como inevitable el beneficio impositivo para una decena de provincias del Norte argentino; y, más aún, cuando confirmó que a ese lote de Estados promocionados se sumaba San Juan, hizo lo único que tenía en ese momento al alcance: reclamar airadamente, recordando a la Nación y al resto del país lo que significó el régimen de promoción industrial que rigió por más de 35 años, perjudicando a varias provincias para, supuestamente, beneficiar a un puñado de territorios a los que sistemáticamente se los sigue viendo pobres, vulnerables y desangelados, cuando no todos, evidentemente, se encuentran en tal situación.

San Juan es un ejemplo de cómo sus administraciones han mejorado la economía de los departamentos que componen la provincia, apostando por cambios en la matriz productiva –que en Mendoza se rechazan– y por aprovechar, quizás, los resquicios que el kirchnerismo, en el poder, siempre tiene abiertos para aquellos gobernadores que se comprometen en un todo con lo que emana desde el proyecto nacional.

Como sea, San Juan no está en las mismas condiciones que Santiago del Estero o, quizás, Catamarca, y, mucho menos, Formosa y alguna que otra administración más del Norte Grande, donde las inversiones privadas serán promovidas, en esos territorios, desde el 1 de abril y por el término de tres años, porque el gobierno de Alberto Fernández entiende que deben ser reivindicadas por no contar con los mismos recursos y posibilidades que las ubicadas en la franja central del país.

Suarez se quejó por medio de una carta y está amenazando con demandar a la Nación si no se incluye a Mendoza en los nuevos beneficios pensados para el Norte y para San Juan. En medio de lo que ha sido una de las semanas políticas más potentes del año; potentes por todo lo que han deparado las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández, que han hecho confirmar que el poder y el destino del país está en sus manos más que en las de Alberto Fernández, el presidente, mientras gobierne esta cuarta edición del kirchnerismo. También lo ha sido por la reaparición del ex presidente Mauricio Macri, dispuesto a protagonizar, una vez más, la vida política del país al presentar su libro, Primer tiempo.

En el medio, Mendoza protestó por la promoción –exigiendo ser incluida– y la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti anuncia por las redes y en declaraciones a los medios que Mendoza será incluida en la misma promoción que se cuestiona; que tiene todo acordado como una mediadora de lujo con el ministro de Producción, Matías Kulfas, y que sólo queda que el gobernador acuerde los términos de inclusión con el funcionario que lo está esperando.

Fernández Sagasti en sus dichos dejó al descubierto cómo hay que comportarse con un gobierno central en donde los modos y las formas son una marca registrada. Dijo la senadora: “Así, como todo en la vida, hay que trabajar, golpear puertas y reclamar por los trabajadores de Mendoza y para que las empresas puedan generar nuevo trabajo genuino e incluirse en esta posibilidad que está anunciando el Gobierno nacional”.

Los dichos de la senadora pareciera que no tienen nada fuera de lo común, pero no es tan así. Para el kirchnerismo, no existen cuestiones objetivas más que aquellas que demuestran un alineamiento directo y sin fisuras con el Gobierno central. Es relato aquello de la diversidad de opiniones en la discusión que terminan enriqueciendo las decisiones que se toman en la gestión. Una máxima a la que siempre ha aludido el presidente Fernández. Los hechos, al menos con Mendoza en los temas trascendentes, no van por esa lógica.

Y, el peronismo mendocino sufre las consecuencias porque sus dirigentes piden el voto a sus vecinos, a los que conocen y son absolutamente conocidos por ellos. En el gobierno de Fernández –no importa quién de los dos Fernández uno se imagine–, la estrategia del garrote y la billetera está más viva que nunca.

Ya hubo una muestra con los problemas que se reabrieron, cuando nadie los podía prever, para la marcha de la construcción de Portezuelo del Viento –todavía no resueltos y que dependen del presidente y de su arbitraje, en el que debe decidir si le da la razón a La Pampa o a Mendoza–; sucedió con la discusión por la reestructuración de la deuda con el Banco Nación, con la distribución polémica y amañada del envío de las partidas no automáticas por fuera de la coparticipación federal de impuestos y ahora deja al arbitrio de un ministro, de lo que haga o no –entiéndase pataleo y chillos de esos insoportables–, el futuro de estar o no dentro de las reducciones de aportes patronales para aquellas empresas que tomen nuevos empleados desde el 1 de abril en adelante.

La diferencia central, marcada al comienzo entre dos formas de ver la administración del Estado, entre el kirchnerismo y la centroderecha de Juntos por el Cambio, entre el populismo y el republicanismo, entre el proteccionismo y el liberalismo está definida por los dichos del propio Macri cuando en su libro habla de cómo encaró su relación con los gobernadores apenas había asumido, allá por diciembre del 2015. Escribe Macri: “A los gobernadores los recibí en mi segundo día de gobierno, en Olivos, y les dije que no había futuro para Argentina si no salíamos del unitarismo espantoso del que veníamos, en el que todo empezaba y terminaba en la capital y el Gran Buenos Aires, y en el que ellos tenían que venir de rodillas a la Casa Rosada para pagar los sueldos o mendigar obras a cambio de apoyo político”.