Si algo ha quedado claro a lo largo de estos diez meses de pandemia es que cada provincia ha encarado de manera distinta la estrategia de prevención y asistencia a los contagiados por COVID 19. En algunos casos, tal vez en los menos, han dado resultados, pero en otros han provocado más problemas y hasta han profundizado condiciones de desigualdad.
Formosa es un caso emblemático. La provincia gobernada por el caudillo Gildo Insfrán estuvo en el foco de los cuestionanamientos porque en algún momento impedía el regreso de sus comprovincianos. Algunos pasaron meses acampando en el límite, esperando que la benevolencia de las autoridades permitiera el ingreso a sus viviendas.
Ahora, los centros de aislamiento que ha dispuesto el Ejecutivo provincial han generado críticas y hasta denuncias en la justicia penal por las malas condiciones en las que viven adultos y menores. Lo que debería ser un lugar propicio para que los contagiados se recuperen durante 14 días, se ha transformado en un confinamiento donde se vulneran los derechos sanitarios.
Estar aislado por COVID no puede ser un castigo como si se tratara de purgar un delito. Pero la pandemia ha mostrado las peores caras del funcionamiento de los estados, en algunos casos, con arbitrariedades, en otros con situaciones aberrantes.