El femicidio de Florencia Romano ha vuelto a traer a la agenda política el debate sobre la inseguridad. Pero la discusión pareciera estar desbordada, a juzgar por las escenas que se han dado en los últimos días en el Poder Legislativo, donde ha predominado más el impacto para las redes sociales que para la mejora de un servicio de emergencia.
En este plano, donde el debate debería servir para elevar la calidad de vida de los mendocinos, se ha exigido la presencia de las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad para que den cuenta de las falencias que tuvo el caso. El juego entre oficialismo y oposición, sin embargo, pareciera apuntar más a la tribuna que a los ciudadanos y, principalmente, a la familia de la chica asesinada, que también espera saber por qué un llamado al 911 fue descartado por una operadora.
Con todo, la presencia de los funcionarios no ha sido aprobada por el momento. No serían los primeros en rendir cuentas en las comisiones legislativas. La asistencia de la cúpula policial es importante porque permitiría aclarar a los legisladores cómo funciona uno de los servicios esenciales y una de las herramientas que más inversión ha requerido en los últimos años desde el Estado, el CEO. Más allá de las chicanas habituales y de la grieta, las explicaciones de las autoridades son una obligación ante los mendocinos tras un caso aberrante.