La negociación con los laboratorios internacionales para que el país pueda tener las vacunas contra el coronavirus ha generado dudas por cómo el Gobierno nacional, y específicamente la cartera sanitaria, han manejado la situación.
El Ejecutivo envió y el Congreso aprobó una ley hecha a medida para estas multinacionales, que tiene algunas cuestiones polémicas. En su artículo 4, la norma establece acuerdos de confidencialidad con las farmacéuticas, pero que contrastan con la Ley de Acceso a la Información Pública.
Bajo este tenor, el Ministerio de Salud de la Nación ha desistido de firmar con Pfizer para tener su vacuna, que habría solicitado una ampliación de esta cobertura legal para suministrarla al país. En momentos en que las autoridades sanitarias deberían otorgar certezas sobre el proceso, que involucra una inversión importante del Estado nacional a la vez que está en juego la salud de los argentinos, las respuestas no han sido del todo claras. Un buen ejemplo ha sido el vecino Chile, que estableció audiencias públicas para que la población no tuviera dudas.
El país ha encarado, para superar un virus que modificó la vida de millones de personas en tan sólo un año, un masivo operativo de inmunización. Pero, en este proceso, es vital contar con la transparencia y con toda la información sobre la mesa. Este tipo de situaciones no puede minar la credibilidad de las instituciones como tampoco una campaña inédita en la historia del país.