El gremio de los judiciales le solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, que implemente “una Feria Sanitaria Judicial a partir del 24 de agosto y por el término de 15 días” a raíz de “la crítica situación sanitaria” derivada de la pandemia de coronavirus.

Actualmente son seis los edificios y dependencias judiciales cerradas o con actividades reducidas por casos positivos o sospechosos de COVID 19.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la apertura indiscriminada de todo el Poder Judicial cuando, en realidad, no existen condiciones de seguridad que permitan preservar la salud y la vida no solo de los trabajadores y trabajadoras, sino también de las todas las personas, profesionales y público en general, que asisten a los tribunales”, advierte el texto del sindicato liderado por Carlos Ordóñez.

También destaca las complicaciones provocadas por el COVID 19 en el sistema sanitario y reclama por la falta de protocolos específicos y de condiciones de bioseguridad necesarias para los trabajadores judiciales.

Desde la Corte indicaron que aún no hay definiciones sobre la solicitud gremial. La nota ingresó este lunes y el cuarto piso de Tribunales retoma su actividad habitual este miércoles, explicaronn fuentes judiciales. Además resaltaron que si bien la decisión es del máximo tribubunal, existe un comité asesor que también integran el sindicato y el Colegio de Abogados.

Este miércoles habrá un encuentro virtual entre las partes para debatir sobre el pedido de implementar una feria judicial, aunque desde la asociación que agrupa a los abogados y procuradores ya adelantaron su rechazo a la propuesta de los judiciales. 

“Los matriculados y abogados de la calle no soportarían un nuevo parate de la actividad”, manifestaron desde el sector.

Por el contrario, para el sindicato la feria sanitaria posibilitará “disminuir drásticamente la circulación de personas en los edificios judiciales, desestresar a trabajadores/as judiciales, preparar protocolos específicos con participación de los distintos actores del sistema, construir estadísticas claras y transparentes sobre casos sospechosos e infectados, poner en funcionamiento del Comité de Emergencia creado oportunamente -hoy sin funcionamiento-, y consultar con especialistas en cada tema, a fin de evitar decisiones que pongan en riesgo la salud y la vida de los judiciales en particular y de los mendocinos/as en general”.

La nota concluye advirtiendo sobre la necesidad de “impidir un genocidio social como el que ocurre, por ejemplo, en Chile o en Brasil” y hace responsables a las autoridades de los tres poderes por las “consecuencias” en caso de que se rechace la solicitud.