Detectives atraparon este miércoles a uno de los policías sospechados de “apretar” mediante contacto cara a cara y audios de WhatsApp a Diego Vildoza, acusado de asesinar durante un asalto al carpintero Juan Carlos Moya en noviembre del 2017, en Guaymallén. 

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Se trata de Diego Salinas, quien está sindicado como uno de los miembros de la mafia policial que estaría integrada, por lo menos, por cuatro integrantes de la División Homicidios, dependiente de la Dirección de Investigaciones.

El efectivo será imputado en las próximas horas por la fiscal de Delitos No Especializados Patricia Atur, quien lidera la instrucción, por encubrimiento agravado por la función, que prevé de 1 a 6 años de cárcel. Previamente se le había tomado sólo una declaración informativa, a principios de noviembre. 

Si bien se trata de un delito excarcelable, lo mantendrán tras las rejas debido a que en libertad puede entorpecer el normal desarrollo de la causa. 

Diego Vildoza (42) fue detenido a principios de febrero en Maipú luego de más de cinco meses de búsqueda. Fue la segunda captura del acusado en la causa, debido a que previamente había sido liberado por el juez Marcos Pereira, luego de que el señalado homicida aseguró que el día del hecho estuvo en el cumpleaños de su hijo. 

Los investigadores sostienen que, a pocas horas de salir el pedido de captura, los policías que tenían la misión atraparlo lo encontraron en una casa de San Martín. Sin embargo, en vez de ponerlo a disposición del fiscal Gustavo Pirrello, le pidieron dinero y se hicieron con una moto valuada en $150.000 a cambio de permitirle que siga en la calle. 

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Tras la captura de Vildoza, El Sol dio a conocer algunos de los más de cien audios de Whatsapp que intercambió con Salinas, y que lo complican en la causa.

En los mismos, el policía lo mantenía al tanto con las novedades en la causa y le aconsejaba escapar de la provincia: “Tomate el palo, loco, Tomate el palo y no aparezcas más. Andate a Buenos Aires, andate a Bolivia, andate adonde se te cante el ojete pero andate, tomate el palo. Andate vos y después agarrá y llevate a tu familia y no aparezcas más loco. Porque una perpetua ahora son hasta 35 años de cárcel. ¿Entendés lo que te digo, Diego?”.

La causa que investiga el asesinato de Moya se transformó desde un principio en un dolor de cabeza para las autoridades judiciales y policiales, por distintas razones. 

El primer detenido que tuvo el hecho de inseguridad, perpetrado la tarde del 4 de noviembre del 2017 en una casa de calle Gutenberg al 900 de Guaymallén, fue un hombre oriundo del barrio Paraguay. Este cayó porque había utilizado el arma homicida en otro caso, la cual, aparentemente, había “alquilado”. 

Ese sospechoso, también fue detenido, liberado y luego nuevamente recapturado. Pero terminó desvinculado de la causa por falta de pruebas y demás medidas negativas.

Posteriormente, el expediente se encaminó hacia Vildoza y un grupo de cómplices conformado por Francisco Torito Agüero y Lucas Villanueva. 

Pero tras la detención de estos, el juez Pereira le dio la libertad a Vildoza porque las pruebas, entendió, eran escasas. Creyó en la versión de que el imputado se encontraba en el cumpleaños de su hijo a la misma hora que se produjo el asesinato de Moya. 

Meses después, el fiscal Pirrello obtuvo una prueba clave que constataba la presencia del sospechoso en la escena: una huella en el auto que habría utilizado la gavilla –integrada por cuatro sujetos– para llegar hasta la escena. Además, las antenas de la zona habían detectado su teléfono celular.

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Fue así que el 21 de agosto del año pasado, Pirrello ordenó detener otra vez al Pelado. Justamente, a las pocas horas de solicitada la captura, ingresó el dato de que la mujer de Vildoza había solicitado servicio de internet en una casa del departamento San Martín, ubicada junto a la casa de un ex comisario general.

Dos policías de Homicidios fueron hasta el lugar a constatar la información dos días después, pero le informaron al fiscal que Vildoza no se encontraba en el lugar. Aunque la pesquisa contra los detectives sostiene que tuvieron contacto con él y no lo detuvieron.

La investigación agrega que ese día se llevaron la moto Rouser de Vildoza. El intercambio de información entre el señalado asesino y los efectivos continuó, incluso después de noviembre, cuando estalló el caso. 

Pasaron más de cinco meses para que se efectivizara la detención de Vildoza, y hace casi una semana la Justicia le dictó la preventiva.