La jueza que lleva adelante la quiebra de Oil Combustibles advirtió que la documentación que sustenta el reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en contra de la compañía de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa se encuentra extraviada y dio 48 horas para que el material faltante aparezca.

Esta desaparición del “legajo” de la AFIP se detectó a mediados de febrero. En ese momento, el Tribunal Fiscal envió un oficio al Juzgado en lo Comercial N°5 donde solicitaba acceder a la documentación respaldatoria del reclamo de la AFIP. La jueza Valeria Pérez Casado le ordenó a los síndicos, que integran el estudio “Capurro, Rossello y Zaragoza” que entregaran ese material “dentro del plazo de 72 horas”.

Según publicó La Nación, la respuesta no fue la esperada. Los síndicos informaron que, ocho meses antes, habían entregado la documentación a uno de los abogados de Cristóbal López, Alberto Spota, para que avanzara con el peritaje contable dispuesto por el Tribunal Oral que juzga a los empresarios y al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Ante esta situación, la magistrada dispuso la inmediata remoción de los síndicos. En la resolución, citada por el medio porteño, Pérez Casado les recordó que “es medular tanto para las controversias suscitadas en este fuero [por el Comercial], como las que se ventilan en la Justicia represiva [por la Penal]. Y ello, obviamente, no escapa al conocimiento de la sindicatura que tiene a través de sus integrantes el deber personal e indelegable de su custodia”.

En dicha medida la jueza indicó además que los síndicos ya habían tenido otras conductas reprochables en la causa de Oil y que  habían recibido apercibimientos, llamados de atención y multas. Entre ellas, “la exhibición de actuaciones reservadas a interesados no autorizados a verlos”.  

Los síndicos no se quedaron de brazos cruzados y apelaron su remoción, planteando que se trataba de una sanción “llamativa, arbitraria y desproporcionada”, que la entrega del material a terceros resultaba “un acto inocuo”, ya que adujeron que los documentos solo eran “copias y no originales”, que “el préstamo y exhibición de legajos son cuestiones frecuentes” y que lo hicieron “a fin de cumplir con una pericia oficial a requerimiento de un Tribunal Oral”.

Además sostuvieron que el material está “en poder de la perito contadora Flavia Irene Melzi, como corresponde”, y que ella lo tenía “a espera de continuar o finalizar la tarea que le fuese encomendada”. Ante esto plantearon que removerlos era un exceso.

La jueza no sólo rechazó los argumentos de los síndicos sino que además remarcó que faltaron a su deber como responsables de la “cadena de custodia” de la documentación. En ese sentido, la magistrada aclaró que se trataba del legajo original de la AFIP, que contenía los documentos presentados por la institución a la que la petrolera Oil Combustibles le adeuda varios miles de millones de pesos, “y con esas mismas constancias, que deben ser exactamente las mismas, deberán resolverse las revisiones”.

La demanda de los síndicos

Aprovechando una laguna en las resoluciones que los removieron, los síndicos, a su vez, hicieron una demanda contra la AFIP en un expediente colateral iniciado por Inversora M&S, otra empresa de los empresarios patagónicos.

“Destácase que el hecho de que, encontrándose dictada la resolución mediante la cual fueron removidos de su cargo sindical, se apresuren a plantear la presente demanda cuando aún resta un término prudencial a los efectos de su perención y siendo manifiesto que no cuentan con el legajo de la AFIP desde aproximadamente el mes de junio o julio de 2019, confirma y ratifica que no se conducen dentro de los estándares requeridos para ejercer la sindicatura concursal”, sostuvo Pérez Casado.

En ese sentido destacó que el pasado 19 de diciembre se habían presentado los síndicos en el expediente iniciado por Inversora M&S donde indicaron que antes de proseguir solicitarían la “autorización de acreedores”, cosa que omitieron en este caso.

Finalmente, la perito Melzi, quien tenía el legajo completo en su poder, según los síndicos, devolvió la documentación. Sin embargo, se comprobó que el legajo continúa incompleto, lo que motivó a la jueza a intimidar a los síndicos removidos para que presentan la documentación faltante en un plazo de 48 horas, “bajo apercibimiento de adoptar las medidas que se estimen pertinentes”.