El Senado provincial aprobó por 34 votos a favor y 2 en contra la derogación de la ley 9.209, a partir del proyecto enviado por el gobernador Rodolfo Suarez en busca de restablecer la paz social en la provincia. 

Lo que parecía una sesión exprés, finalmente fue un tratamiento donde varios senadores se apuntaron para dar sus justificaciones, cuestionar las amenazas y escraches que recibieron por redes sociales, destacar -en el caso del oficialismo- la decisión de Suarez de recuperar la paz social y, en el menor de los casos, rechazar la iniciativa.

Los dos votos en contra fueron de las legisladoras oriundas de Malargüe, Glayds Ruíz e Hilda Quiroga. En tanto, el macrista Pablo Priore había adelantado que votaría en contra, pero al momento de la votación se ausentó del recinto.  

El primero en hablar fue el radical Juan Carlos Jaliff, que defendió la iniciativa impulsada por Suarez y recordó que “con coraje” planteó durante la campaña la necesidad de reformar la matriz productiva.

“El gobernador creyó de buena fe que había que trabajar en ese sentido, a tal punto que lo propuso en su campaña. La situación ahora no es la misma, hay que reconocerlo”, indicó el senador oficialista. “No hay mucho más para decir, estas son las circunstancias, nos encaminamos a volver a la 7722”, agregó. 

“Tenemos que comprometernos la clase política a la preservación del agua, a buscar las soluciones para este flagelo, la escasez y la dilapidación del agua”, concluyó el radical.

A su turno, el aliado del oficialismo, Ernesto Mancinelli -Libres del Sur- hizo hincapié en que la clase política tiene que “reinterpretar lo que la sociedad dice”. Y ponderó la capacidad de escucha de Suarez. “La 9209 tenía la legalidad y cierta legitimidad política, pero como lo reconoció el propio gobernador no tenía legitimidad social para generar los cambios en la matriz productiva”.

Lautaro Jiménez, del FIT, reconoció la movilización de los ciudadanos en rechazo a la reforma minera. “En este recinto se atribuyeron la licencia social y el pueblo demostró que la licencia social se defiende en las calles”. 

Una de las voces de rechazo a la derogación fue la de la malargüina Gladys Ruiz, quien afirmó que “la ley aprobada no era de mala fe, nos iba a servir para cuidar el agua como debemos. La 7.722 es la ley de la hipocresía, porque si el cianuro no puede utilizarse, tampoco debería en otras actividades. Malargüe se queda nuevamente de lado”.

En su momento, Marcelo Romano -Protectora- afirmó que le ofreció al Gobierno un plebiscito vinculante pero que no recibió respuesta. “El Poder Legislativo se portó mal con la sociedad, fueron sesiones a medida”, cuestionó en torno a la aprobación dada diez días atrás en el mismo recinto.

Alejandro Abraham, en tanto, dijo “no lamentar sus acciones”, al defender su postura y el proyecto que presentó, por el que fue cuestionado por militantes justicialistas. “La minería podía ser una alternativa, no se cuántos sanjuaninos ha muerto contaminados, pero la provincia ya es inviable. Debo reconocer que el gobernador cumplió su promesa electoral. No menosprecio a la ciudadanía, sabía lo que estaba votando. No estamos derogando una ley, sino una posibilidad de que los mendocinos tengan trabajo, de que los empresarios se queden en la provincia y de mejorar el sistema de riego, de que el estado tenga ingresos”. 

Otro de los que rechazó la derogación fue Pablo Priore, del PRO. porque sería convalidar “la coacción” que recibieron los legisladores a través de las redes sociales. “Hay mucha hipocresía de por medio”, apuntó.

Lucas Ilardo, del FdT, defendió el apoyo de la bancada opositora a la ley 9209 y sostuvo que “ha sido un aprendizaje para todos, hemos vivido una situación de angustia. A nadie le gusta que le amenacen a los familiares o lo escrachen. “Hicimos lo que creímos mejor, que la herramienta fuera la mejor posible”, destacó.