La provincia de Mendoza posee dos instituciones responsables jurídicamente de la administración sobre el uso y consumo del agua. Obras Sanitarias, entidad privada, cedida irracionalmente a capitales privados que sólo miden su rentabilidad, sin tener en cuenta el rol que deben prestar a la sociedad en su conjunto, e Irrigación, que se rige por una ley arcaica del siglo XIX. Como los municipios son los actuales ejecutores de todas las acciones tendientes a satisfacer la demanda de sus habitantes, es menester legislar rápidamente para recuperar en forma urgente dichos servicios.
A su vez, Irrigación, entidad gubernamental, debe ceder a cada uno de los municipios la administración correspondiente del líquido vital que circula en sus territorios y culminar con la impermeabilización de cauces que, actualmente, presentan un elevado índice deficitario y pérdida de agua por filtraciones. Las comunas ya han incluido en sus respectivas estructuras y están en condiciones de potenciar su utilización, no sólo para el uso y consumo urbanodomiciliario, sino también rural, el más crítico en estos momentos, la producción de Energía Hidroeléctrica.