Miriam Gallardo y los senadores Fernando Simón y Ricardo Pettignano afrontarán desde hoy a las 9 las audiencias públicas como postulantes para la Corte, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, respectivamente.

Hasta el viernes, no habían ingresado a la Legislatura impugnaciones a los cargos, pero se prevé que la oposición renueve sus cuestionamientos políticos por el fuerte carácter partidario de las designaciones que hizo el gobernador Francisco Pérez y que politizan el máximo tribunal de la Provincia y los organismos de control.

AUDIENCIA EXPRÉS. La audiencia es uno de los requisitos formales que tiene que cumplir cada postulante a un cargo constitucional, aunque no es vinculante, pero la organización establecida por la Cámara de Senadores establece una audiencia exprés. 

Cada candidato tendrá una hora para defender su designación al cargo, ya que está previsto que Gallardo abra a las 9, le siga Simón a las 10 y, por último, Pettignano, a las 11.

La mecánica legislativa parece simple y desde el oficialismo dejan ver que se tratará más que nada de un trámite formal, principalmente, porque los postulantes no recibieron hasta el viernes impugnaciones, según confirmaron desde la Legislatura.

CRÍTICAS Y ADHESIONES. Sin mayores obstáculos, se espera que la oposición reanude los cuestionamientos a los aspirantes. El radicalismo aseguró que las designaciones implicaban un “atropello institucional”.

“Creemos que este hecho está en consonancia con el intento de copamiento de la Justicia por parte del kirchnerismo, y constituye un atropello institucional que la propuesta para cubrir esos cargos tan importantes haya formado parte de las negociaciones internas del oficialismo para las próximas elecciones”. 

Pero la oposición apuntaba, más que nada, a la designación de Miriam Gallardo. La actual concejal de Maipú fue cuestionada por 
su idoneidad para formar parte del máximo tribunal de justicia de Mendoza, porque carecía, para la UCR, de pergaminos.

Con todo, Gallardo recogió hasta el viernes unas 120 adhesiones que la avalan como nuevo miembro de la Corte. Entre ellas, la del reconocido abogado Efraín Quevedo Mendoza, la Asociación de Magistrados y jueces de primera y de segunda instancia, según pudo saberse desde la comisión de LAC.

Sus ex pares de bancada, a su vez, también habían logrado sus avales. Simón obtuvo el viernes unas 170 adhesiones, entre ellas, la de la Asociación de Magistrados, y de asociaciones privadas y universidades; y Pettignano otras 150, entre contadores y asociaciones privadas.
 

QUIÉNES ESTARÁN EN LA AUDIENCIA. La audiencia será presidida por la titular de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, la justicialista Carina Segovia, una senadora de Lavalle que milita en el sector Azul y responde políticamente a Adolfo Bermejo.

En esa misma mesa se sentarán radicales como Juan Carlos Jaliff y Milagros Suárez; justicialistas como Gustavo Arenas (vinculado a Alejandro Abraham) o la maipucina Ana Sevilla (relacionada con Bermejo) o el macrista Gustavo Cairo.

En esta misma comisión forma parte Fernando Simón pero, en este caso, estará como postulante. 

INCERTIDUMBRE POR LOS VOTOS PERONISTAS. El siguiente paso a la audiencia es la votación  del Senado y, como establece el reglamento, será a puertas cerradas y cada voto será secreto con dos tipos de bolillas: blancas, a favor de la designación; negras,
por el rechazo.

Esta instancia es, hoy por hoy, propia de la matemática política. El PJ cuenta con 19 senadores pero no todos responden directamente y no hay certeza de que los seleccionados tengan todos los votos seguros.

Las aspiraciones del oficialismo dependen de cómo puedan votar en el bloque del FPV los senadores que responden al ex ministro de Salud Matías Roby. Se trata de María José Ubaldini, Jose Scoda y Matías Stevanato.

La oposición, en tanto, cuenta con 18 votos: 16 corresponden a la UCR, 1 al Pro y 1 al FIT.

En este panorama de incertidumbre, los dos postulados que integran al Senado, Simón y Pettignano, tendrían que votar por sí mismos para pasar el filtro. Esto es válido constitucionalmente, aunque criticable desde lo ético, pero que ya ha ocurrido en otras circunstancias políticas y que desde el Gobierno recordaron ante los embates del radicalismo.