La coparticipación a los municipios sigue siendo un asunto que divide las aguas entre los departamentos que más y los que menos reciben en Mendoza. A pesar del incremento en la participación de impuestos que se dio durante el gobierno de Jaque –que pasó de 14% a 18,8%–, para algunas comunas, la situación es crítica y aseguran que viven con lo justo.

La Provincia coparticipa a los municipios 18,8% de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario. Además, se reparte 70% del Impuesto Automotor. De esta forma, 25% se divide en igual proporción a todas las comunas, y el resto, en proporción directa al total de la población de cada departamento. En cuanto a los productores, se les entrega 12% en concepto de regalías petrolíferas. Luján, Maipú, Rivadavia, San Carlos y Malargüe son los que reciben ese adicional.

A los que les toca la porción más pequeña de la torta son los que se quejan y piden cambios, mientras que los que se llevan la mejor parte prefieren no opinar sobre el tema, como sucede en Guaymallén. En este caso, ante la consulta de El Sol, Luis Lobos, optó por no hablar sobre la coparticipación.

El 1 de mayo del año pasado, el gobernador Francisco Pérez anunciaba en su discurso una reforma a la Ley de Coparticipación Municipal. “Modernizar los criterios de distribución incorporando variables socioeconómicas y de desarrollo local para evitar asimetrías”, decía Pérez y agregaba: “Los tres municipios que más coparticipación reciben son los mismos que tienen más potencial autónomo de generar ingresos genuinos a través de la industria, el comercio y los servicios”.

Sin embargo modificar esa norma no es nada fácil y,por ahora, no es una prioridad de la actual gestión. Todo indica que será una cuenta pendiente para el próximo gobierno, ya que, en tiempos electorales nadie se anima a meterse en temas que pueden generar discordia y divisiones. El problema, aseguran algunos intendentes, es que la coparticipación, tal como está dispuesta en la Ley Nº 6.396 genera “asimetrías y desigualdades”. 

Los cinco de los departamentos que más recibieron en concepto de coparticipación el año pasado fueron: Guaymallen $586 millones, Godoy Cruz $437 millones, Las Heras $422 millones, San Rafael $394 millones y Maipú $358 millones. De acuerdo a lo que publica el Ministerio de Hacienda, hasta el mes de abril de este año, los departamentos se encuentran en las mismas posiciones. También Luján y Capital son de los más beneficiados. 

 

Los más necesitados: demoras y exceso de tareas

Entre los departamentos más pobres, la queja es unánime. Los intendentes reclaman las demoras en los pagos de la coparticipación y además aseguran que los gastos se incrementan, ya que los municipios deben hacerse cargo de otras cuestiones ajenas a lo propiamente municipal como salud, educación y viviendas. A esto se suma que en las zonas rurales, si bien hay menos habitantes, las distancias son muy grandes, por lo que al municipio le cuesta más llegar para asistir a los vecinos.

El intendente de Tupungato, Joaquín Rodríguez, manifestó que “habría que retocar la coparticipación”, especialmente porque se han sumado muchas tareas a las comunas. “Somos el primer eslabón de la cadena y se han agregado muchas funciones que antes no teníamos”. Además Rodríguez indicó que hubo un error en el censo del 2010, que ubicó a Tupungato con 33 mil habitantes cuando tiene alrededor de 45 mil, situación que hizo que recibiera menos porcentaje de la coparticipación.

Desde La Paz, Gustavo Pinto, asegura que el dinero no llega en tiempo y forma, incluso no llega todo junto. “Los fondos destinados por ley, la provincia no los puede retener”, expresó. Teniendo en cuenta que La Paz tiene diez mil habitantes, el planteo del radical es que la participación de impuestos se realice por kilómetro cuadrado. “Debería existir un ítem por cantidad de habitantes para equiparar la extensión territorial”, sostuvo.

Otro departamento que vive el día a día con lo justo es Junín. Su intendente, Mario Abed, asegura que cada vez les asignan más tareas. “Por lógica nos gustaría tener más participación provincial y nacional”, expresó aunque aseguró que los cambios en la norma de coparticipación son muy difíciles porque todos tienen “ambiciones”. “Vivimos con lo justo, es muy difícil ponernos de acuerdo. Lo que sumemos se lo quitas al gobierno”, concluyó Abed.

El caso de Lavalle es similar y su intendente, Roberto Righi, que prácticamente vive de la coparticipación asegura que hay que “agudizar el ingenio”. “Tenemos que llegar a todos los rincones, son 40 mil habitantes pero muy dispersos”. Además asegura que se produjo un desfasaje entre lo que aumentó la coparticipación, entre el 20 y el 22%, y el incremento a los empleados públicos del 35%.

Por su parte, otro que vive ajustado es Sergio Salgado en Santa Rosa, que culpó al radicalismo por no acompañar al gobernador en la modificación que planteó. “Tengo ocho centros de salud a cargo, me queda un crédito para pagar hasta el 2021, de lo que nos descuentan 90 mil por mes de la coparticipación”, indicó.

El ministro de Hacienda, Juan Gantús, reconoció que hay “asimetrías” que generan inequidades en los municipios, sin embargo aseguró que el dinero de la coparticipación llega a tiempo a los municipios. El funcionario de Pérez considera que para producir cambios en esta norma, se tiene que dar una “discusión política muy profunda”, discusión que no está en agenda en tiempos electorales. 

Alguien tiene que ceder y de ahí hay que partir para encontrar un reparto equitativo y equilibrado que favorezca a todos por igual. No todos están dispuestos a resignar su dinero, por ejemplo en Maipú, el secretario de Hacienda, Jorge Silva, aseguró que no están en condiciones de resignar sus recursos en favor de otros municipios. “El índice que recibimos no es caprichoso, tiene que ver con la cantidad de población y los servicios que prestamos”, indicó. Los más optimistas esperan que el debate llegue a partir del 10 de diciembre con la nueva gestión.