En medio de la odisea del gobernador, Francisco Pérez, por conseguir dinero para pagar los sueldos que aún no termina de depositar, la Fiscalía de Estado- a cargo de Fernando Simón- emitió un fallo que deja sin efecto tres pases a planta permanente del Ministerio de Transporte.

El fallo surgió a raíz de una denuncia realizada por el Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que señalaba que al menos cinco funcionarios fuera de nivel habían pasado a planta del Estado de manera irregular y esta ilegalidad fue comprobada por el órgano de control. El gremio estatal consideraba que las designaciones perjudicaban el salario de los trabajadores y especialmente denunciaron que se hicieron por fuera de los acuerdos paritarios.

Los que tendrán la baja en Transporte son la jefa de prensa, Karina Jaureguiberry, y los funcionarios Américo Gil y Fernando Rodríguez. A través del decreto 928 el gobernador había designado a Gil, Jaureguiberry y Rodríguez en planta con clase 009. Todos ellos ocupan cargos fuera de nivel y responden al ex ministro de Transporte, Diego Martínez Palau.

 

La Fiscalía de Estado encontró una serie de irregularidades en estas designaciones, especialmente consideró que violan la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque el volante de imputacion recién estuvo listo el 2 de julio y el tiempo para designar, según el artículo 46 de la norma, es hasta el 30 de junio. Sin embargo el decreto se publicó el 3 de septiembre con fecha del 11 de junio, lo que prueba la maniobra denunciada por la oposición para pasar a planta a los “amigos”.

A finales de agosto ElSol.com.ar reveló el mecanismo que utiliza el Gobierno para realizar designaciones, jerarquizaciones y pases a planta de funcionarios y amigos. Para eso utilizaban una decreto antedatado, algunos listos desde julio pero que no se le colocaba la fecha ni el número, sino que se guardaba y se utilizaba luego con fecha anterior al 30 de junio.

En ese sentido la resolución de la Fiscalía de Estado concluyó que el decreto 928 que designa a esos funcionarios se encuentra “groseramente viciado en su objeto” por violar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Es por eso que tras el fallo, ahora la tarea del gobernador es emitir un nuevo decreto donde definitivamente de la baja a esos tres funcionarios que habían logrado la permanencia en el Estado.

Desde ATE, Raquel Blas, celebró la resolución de la Fiscalía de Estado. “Es la primera vez que pasa, nunca habíamos tenido una resolución”, indicó. Ahora la gremialista espera que el Ejecutivo de marcha atrás con los decretos en cuestión.

“Lo de Transporte había sido muy burdo, esto es un paso adelante. Esas designaciones fueron terroríficas porque los ingresaron con decretos reservados, y encima les reservaban el cargo en planta para que siguieran cobrando en el cargo fuera de nivel hasta diciembre”, expresó Blas.

Por su parte, el titular del bloque radical de diputados, Néstor Parés, también se alegró con la noticia de la baja de los “acomodos”. El legislador fue uno de los primeros en denunciar los pases a planta ante el fiscal especial, Santiago Garay. “Por eso insistíamos en pedir el libro de decretos. Me alegro que los mecanismos de la justicia empiecen a funcionar para parar esto, el Estado no da para más, ni siquiera se pueden pagar los sueldos”, expresó. 

Sobre los otros dos pases a planta cuestionados en Transporte, el de los funcionarios Rodrigo Martínez y Santiago Gascón, si bien se encontraron algunas irregularidades, tienen más posibilidades de seguir en los cargos en los que fueron acomodados. Para continuar con la investigación Simón pidió a Transporte que remita más información correspondiente a esas designaciones.

Mientras tanto el organismo de control analiza el pase a planta de 18 empleados del Tribunal de Cuentas, cuya resolución se conocerá en estos días.