Los pases a planta permanente del Estado de funcionarios y “amigos del poder” desde hace tiempo vienen siendo denunciados por la UCR, que promete llevar cada caso a la Justicia. De hecho en el partido opositor aseguran que están trabajando para “judicializar” todos aquellos nombramientos irregulares: hasta el momento han encontrado 110. Pero ahora un acta-acuerdo que firmó el Gobierno provincial con ATE vuelve a generar controversia entre las partes.

El 2 de octubre de este año se firmó el documento en la Subsecretaría de Trabajo donde se acordó el pase a planta de personal contratado de los regímenes 15, 27 y 33 de la administración pública provincial y de OSEP, incluidos los trabajadores del PROFE (Programa Federal de Salud) y Comunitarios y se pone el 30 de noviembre como plazo máximo para estas efectivizaciones. Además, el acuerdo incluye a aquellas personas que estaban realizando pasantías en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil desde el 2014.

 

Pero al radicalismo este acuerdo no le cierra y es por eso que también denunciará este acta. En primer lugar aseguran que se está violando la ley de Responsabilidad Fiscal, cuyo artículo 46 no permite realizar pases a planta después del 30 de junio en un año electoral. Además hay un planteo, que generó malestar en los gremios, y es que desde la oposición afirman que de acuerdo a lo que establece la Ley 8.729 de modificación de la Subsecretaría de Trabajo, está prohibido acordar en paritarias cláusulas que impliquen la obligación del Estado de realizar pases a planta.

“Las tratativas salariales o aquellas referidas a las condiciones económicas de la prestación laboral, deberán sujetarse a las pautas presupuestarias vigentes. Queda expresamente prohibido acordar entre las partes de la negociación colectiva del sector estatal, cláusulas que impliquen la obligación para el Estado provincial del pase a planta del personal que preste servicios para el Estado como contratado en cualquiera de sus modalidades, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente”, señala el artículo 82 de la norma.

Teniendo en cuenta esta situación y otras “irregularidades” que vienen denunciando desde el radicalismo, es que consideran todos estos actos como “nulos”, basándose en el artículo 43 de la Constitución provincial que indica que “los nombramientos de funcionarios y empleados que hagan los poderes públicos prescindiendo de los requisitos enumerados o exigidos por esta Constitución, son nulos, y en cualquier tiempo podrán esos empleados ser removidos de sus puestos”.

Desde el Gobierno, el paritario Andrés Cazabán, explicó la situación y en primer lugar aclaró que “la paritaria es tan ley como la de Responsabilidad Fiscal”. Con respecto a la situación de los trabajadores del ex Cose, el funcionario explicó que esos pases estaban contemplados en el artículo 7 del presupuesto 2015, que nunca se aprobó. En cuanto a los empleados de PROFE, Cazabán indicó que es el Programa Federal de Salud y que pasó a la provincia, mientras que “Comunitarios”, es un programa nacional que capacita a los médicos para que luego trabajen en la provincia, razón por la cual tienen que ser efectivizados.

De todas maneras, Cazabán desafió a los legisladores de la oposición a que rechacen el acta que se firmó “si no están de acuerdo”.

Sin embargo, desde ATE, Raquel Blas mostró su malestar con el gobernador electo Alfredo Cornejo, y lo criticó por haber hecho lo que se le “canta” con los empleados de Godoy Cruz.

“Va a tener que estudiar y mover sus neuronas. Los acuerdos de partes se interpretan después entre las partes”, sostuvo. Además aprovechó y explicó la situación de los trabajadores de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. La gremialista indicó que la situación era grave porque se tomaba a gente como pasantes, sin cobrar sueldo, y después de los tres meses los echaban. “Los usaban como mano de obra gratuita, por eso la solución a la que se llegó es que a los que hicieron y aprobaron la pasantía tienen que pasar a la planta del Estado”. Es por eso que Blas destacó que la paritaria está “abierta”, por lo que estas efectivizaciones no las consideran “irregulares”. A través de este acta que se firmó este mes pasarían a planta poco más de 50 personas en el ex Cose.

Por último Blas manifestó que la Ley de la Subsecretaría de Trabajo en la que se está basando el radicalismo está cuestionada en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, justamente por ese motivo de acordar pases a planta en paritarias.