A fines del mes pasado, la UCR realizó una denuncia en la Fiscalía de Estado por una serie de “irregularidades” que detectaron en la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). Uno de los cuestionamientos fue sobre la administración interna de la obra social, ya que desde el partido opositor aseguraron que hay empleados adscriptos a otras dependencias que cobran el adicional de mayor dedicación. Sin embargo, ahora desde la OSEP respondieron y desmintieron esas versiones.

De acuerdo a lo que explicó el director de Asuntos Administrativos de la Fiscalía de Estado, Abel Albarracín, la obra social contestó el pedido de informe sólo con los datos correspondientes al corriente año. Desde la entidad afirmaron que las personas que están adscriptas a otros organismos y perciben el adicional de mayor dedicación, efectivamente realizan en esas dependencias tareas vinculadas a la obra social, tal como establece la resolución.

“Para OSEP toda la gente adscripta cumple funciones para la obra social en el marco de atención al cliente, estarían dentro de la normativa. La idea es preguntarle al organismo destinatario, pedirle la información a las distintas reparticiones donde se desempeñan los empleados de la OSEP”, dijo.

Ante esa respuesta que llegó a fines de la semana pasada, ahora la Fiscalía de Estado avanzará en la investigación y el próximo paso que planean es solicitar los datos a los organismos receptores de la prestación para comprobar si efectivamente esos empleados desempeñan funciones vinculadas a la obra social. En total serían unos 50 los que han sido adscriptos este año y que perciben el ítem de productividad. Si las respuestas llegan en tiempo y forma, el fiscal de Estado, Fernando Simón, podría emitir esta semana un pre-dictamen sobre este caso.

“El que descubre estas adscripciones es el Tribunal de Cuentas. Vemos que hay personas adscriptas a la ATM, Legislatura y diversos organismos que no tienen nada que ver con la salud, están mintiendo. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, advirtió el senador Palero, quien fue el vocero de esta situación.

En ese sentido, puso como ejemplo a Gustavo Agüero, secretario del ministro de Ambiente y Tierras, Guillermo Elizalde. “¿Qué tareas de OSEP hace una persona en el Ministerio de Tierras?”, expresó el senador. Agüero fue efectivizado con la resolución 2.247 en una clase 17 como subdirector y fue designado en planta permanente de la OSEP en el 2011 pero dos meses después se adscribió como secretario privado del Ministerio de Desarrollo Social que conducía, Elizalde. Luego fue adscripto al Ministerio de Ambiente, Tierras y Recursos Naturales, cargo que ejerce actualmente.

En cuanto a las sanciones que pueden haber en caso de comprobarse las denuncias por “irregularidades”, una de las opciones en las personas que reciben un adicional que no les corresponde, en principio podría ser declarar la actuación nula o inexistente, seguir por la vía judicial o administrativa eventualmente o encaminarse al recupero del dinero. Es decir, que de corroborarse los hechos los empleados deberían devolver el dinero por mayor dedicación que vienen percibiendo. También podrían caer sanciones sobre los funcionarios responsables de otorgar la productividad si no correspondía.

Según manifestó Palero, los adscriptos le cuestan a la obra social unos 60 millones de pesos al año a la obra social. “El incentivo es aproximadamente del 75% del valor de clase, es decir que si tiene 20 mil pesos de asignación de clase, recibe unos 14 mil pesos mas por el incentivo”, explicó.

Esta situación genera malestar en la oposición que entiende que la OSEP ha sido “desmantelada” y que actualmente atraviesa una crisis que podría terminar a fin de año con un déficit que rondará los 550 y los 600 millones de pesos. Todo esto en “detrimento de la prestación de los servicios”.