“Tenemos nueve alumnos cada un docente, y es un orgullo en el país, pero no los tenemos frente al grado. Tenemos tres o cuatro suplencias por cargo, pagando el Estado: eso no es justo. Vamos a organizar esos recursos”, dijo el gobernador Alfredo Cornejo el día de su asunción y en función de eso emitió un decreto para terminar con las misiones especiales. Esta medida forma parte del reordenamiento que prevé realizar en las escuelas.
La resolución establece que los trabajadores de la educación deberán reintegrarse a sus funciones originarias.
A través de la resolución Nº 36 de la Dirección General de Escuelas (DGE), publicada este lunes en el Boletín Oficial, el gobierno puso fin a las misiones especiales de los docentes. Según señalan los argumentos se busca “garantizar la expansión del sistema educativo por lo que resulta necesario optimizar los recursos con los que cuenta la DGE”. Lo que se busca es una administración eficiente y equitativa. Para eso se revisarán las misiones especiales otorgadas hasta el 9 de diciembre del 2015 y se dispone que a partir del 29 de febrero finalicen todas esas afectaciones.
Por lo general las misiones especiales se otorgan a docentes especializados y se les asignan funciones en otro ámbito dejando de cumplir así sus tareas de docente originarias frente al curso. Además esta revisión permitirá ahorrar dinero, ya que por cada educador que no está frente al aula se necesita un suplente para reemplazarlo.
Sobre esta decisión se manifestó el titular del SUTE, Adrián Mateluna, que explicó las misiones especiales las cumplen las personas que a través de un memorándum firmado por una autoridad de la DGE cumplen funciones en otras áreas. “Está bien que revisen, no tenemos problema en que hagan controles, lo que no pueden sacar son las licencias que se acordaron en paritarias”, indicó.
“En el gobierno de Cobos también se daban misiones especiales discrecionalmente. Estas misiones están cuestionadas porque son arbitrarias”, explicó el gremialista. De hecho remarcó que en el gremio no tienen la cifra de la cantidad de docentes que están afectados a esas tareas especiales.
La actual gestión apunta a que haya más docentes frente al aula.
Si bien desde el gremio no cuestionan los controles no están de acuerdo con la idea de los “aumentos diferenciados” que pretende llevar adelante el Ejecutivo. Mientras tanto esperan la convocatoria a paritarias, ya que no tuvieron novedades tras la reunión que mantuvieron con el gobierno el pasado 18 de diciembre. Desde la DGE aseguraron que el llamado a negociar es “inminente”.
El director General de Escuelas, Jaime Correas, se refirió a la resolución emitida y explicó que se buscará reglamentar las misiones especiales y crear un registro, ya que hasta el momento no tienen conocimiento del número efectivo de docentes afectados a esas funciones.
“Hemos visto que algunas eran injustificadas, el objeto es ir ordenando”, expresó Correas y coincidió con Mateluna al sostener la presunción de que muchas se otorgan “discrecionalmente”. Es por eso que con esta resolución todos deberán volver a sus cargos originarios y luego se decidirá cuáles corresponden y cuáles no. “Si la misión lo justifica y es de interés educativo se dará”, añadió el funcionario de Cornejo.
En el 2014 el diputado Jorge Tanús presentó un proyecto para “prohibir” las misiones especiales. Esta iniciativa generó disputa con la DGE porque el legislador hacía referencia al “mal uso y abuso” de esa modalidad, situación que no cayó bien a los funcionarios de ese momento, especialmente a la ex titular de la DGE, María Inés Abrile de Vollmer.
Cuando presentó el proyecto, Tanús manifestó que el 5% de los docentes trabajaba bajo la modalidad e misiones especiales. “Mi proyecto podría darle mayor peso al decreto de Cornejo”, indicó el diputado. “En una provincia con dificultades económicas no puede haber 4.000 docentes cobrando y no trabajando”, sostuvo.
También la DGE pondrá los ojos en salud laboral donde aseguran que el “desorden” es muy grande. Los casos de cambio de funciones cada vez son más y hay personas que están listas para ser dadas de altas pero consiguen los turnos con mucha demora.
Por ejemplo para obtener un turno para un certificado de aptitud psicofísica el tiempo de reglamento son 20 días, sin embargo hay demoras de hasta siete meses en algunos casos.