“El procurador está actuando como un delegado del Ejecutivo provincial”, manifestó Diego Lavado, uno de los abogados integrantes de la ONG Xumek, la ONG de DDHH que presentó un hábeas corpus que resolvió la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sobre las prisiones preventivas. Estas declaraciones del abogado se dieron tras conocerse el recurso extraordinario que presentó este martes el procurador, Rodolfo González, para que la Corte nacional revise el fallo, que obliga a jueces y fiscales a cumplir con lo que establece el Código Procesal Penal.

Lo cierto es que el pedido del procurador no cayó bien en la ONG ya que lo consideraron “improcedente”. “El procurador no tiene legitimación ni facultades para recurrir la decisión de la Corte”, añadió el abogado penalista. De hecho, Lavado explicó que la la ley procesal solamente prevé que el hábeas corpus se puede recurrir si lo deniegan, no si lo aceptan como en este caso.

Lo cierto es que ahora con el recurso presentado por González el máximo tribunal tiene que notificar a la ONG demandante, que tiene diez días hábiles para dar su opinión. Una vez que llegue la respuesta de Xumek, la Corte decidirá si se cumplen los requisitos para que vaya a la Corte de la Nación.

Además, la Suprema Corte local estableció que para este caso en particular no habrá feria judicial, ya que se necesita celeridad en la resolución al tratarse de garantías fundamentales ya que hay gente privada de libertad sin orden judicial. De esta manera se dejará trabajando el personal que haga falta para que no haya inconvenientes.

Mientras tanto no se avanzará en la implementación de la resolución. De hecho quedó suspendida la reunión que estaba prevista este miércoles donde iban a reunirse jueces, fiscales y el procurador para analizar las pautas para poner en marcha la resolución. Si la Suprema Corte decide mandar el fallo a la Nación, la aplicación quedará suspendida momentáneamente hasta que el máximo tribunal del país decida y la desventaja que se presenta es el tiempo, ya que no tiene plazos

Sin embargo, Lavado, guiándose por su experiencia, explicó que probablemente la Corte local rechace el pedido de González, por lo que se debería avanzarse en la implementación del fallo. En el caso que se rechace el recurso del procurador, González tiene la posibilidad de presentar un recurso de queja directa para solicitar que la corte nacional suspenda la aplicación del fallo.

Por otra parte, el abogado de Xumek se refirió a la polémica que generaron los plazos y aclaró que el fiscal tiene 24 horas para avisar el motivo de la detención de algún sospechoso para que el juez controle que la detención no es arbitraria; luego tiene diez días para reunir las pruebas. “Eso se resuelve con una comunicación interna entre la Fiscalía y el Juzgado de Garantías”, explicó. Además aclaró que se tiene que implementar la secretaría vespertina como establece el fallo para que los jueces de garantía trabajen mañana y tarde.

“Esto no requiere ningún recurso material ni personal, no es cierto que quedarán libres 800 personas”, concluyó el abogado penalista.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, en diálogo con Elevediez, insistió en el “diálogo” con el Poder Judicial y se mostró a favor del accionar del procurador, ya que consideró que está “haciendo uso del derecho que lo asiste”.

“Podemos llegar a tener discrepancias no solamente sobre los números sino hasta los diagnósticos, el hábeas corpus se vincula a la privación de libertad y la Corte plantea que el sistema carcelario tiene un hacinamiento que está vinculado directamente a la prisión preventiva”, sostuvo el ministro.

Además Garay defendió la actitud que viene teniendo el gobernador Alfredo Cornejo respecto a este tema, tras las críticas que recibió desde la Corte por mediatizar su disgusto tras la resolución. “El gesto del gobernador de ir con su equipo al Palacio de Justicia a hablar con la Corte no es un gesto que sea menor ni que pueda entenderse como un atropello, todo lo contrario, somos distintos poderes del Estado pero formamos la República y el diálogo entre poderes es lo que hace grande a la Provincia”, destacó Garay.

Por otra parte el funcionario de Cornejo dejó entrever que hay corrupción en el sistema carcelario. En ese sentido, Garay pidió que “los jueces de Ejecución Penal trabajen mejor, son los encargados de ver cómo se cumple la prisión y dentro de eso la parte importante está vinculada a cuál es la actitud que tiene el servicio penitenciario para con los privados de libertad y creo que no trabajan bien los Juzgados de Ejecución Penal, no por los empleados, que conozco, hay algunos jueces que deberían poner un poco más de convicción al trabajo”.