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5 de julio de 2007
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POR MAL DESEMPEÑO EN EL CASO DE LA NIÑA ASESINADA

Ya está en marcha el pedido de Jury para Galera

Dos frentes se abrieron ayer para solicitar la destitución de Elsa Lidia Galera, titular del 5º Juzgado de Familia, por los supuestos errores que la magistrada cometió en el caso de secuestro y violación seguida de muerte de Micaela Patricia Reina (11)

         Por un lado, los legisladores que componen la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja emitieron una resolución –que luego aprobó el cuerpo– por la cual se pide a la Corte Suprema de Justicia que inicie el Jury de Enjuiciamiento. Eso sucedió después de realizar una investigación de los confusos hechos acontecidos durante el fin de semana del 11 de mayo, día de la desaparición de la niña. Como resultado de la misma, los legisladores consideraron que Elsa Galera –quien se encontraba de turno en ese momento– había cometido errores en su procedimiento.


         Además, casi al mismo tiempo, Raúl Aranda, el abogado de Marta Reina –madre de la menor asesinada–, solicitará el juicio político para la magistrada, basándose en los mismos argumentos que los legisladores. Dado que las presentaciones serán realizadas un día antes de que comience la feria judicial de julio, es probable que la respuesta se demore algunos días. La diferencia entre esas dos peticiones consiste en que, mientras la que realizan los legisladores es sólo una solicitud de corte político, que si bien aporta nuevos datos y posiblemente cuente con una adhesión de la Cámara de Senadores, no tiene la facultad de iniciar el proceso; la que realizará el abogado de la madre e directa.


       Es decir que quien debe responderla es el mismo cuerpo del Jury de Enjuiciamiento. Los argumentos de los legisladores para cuestionar las decisiones de la jueza son fundamentalmente tres. En primer lugar, que la magistrada desestimó las sospechas de la madre el día de la desaparición de su hija. La mujer afirmó, desde el primer momento, que Micaela estaba en la vivienda del padre biológico, Alejandro Pradenas.


         El hombre no había reconocido a la niña como propia y tenía en su haber varias denuncias por violencia familiar. Sin embargo, la jueza consideró que Micaela no corría peligro si estaba con el padre. En segundo lugar, a pesar de que Micaela no apareció el sábado, no consideró necesario librar la orden de allanamiento de la vivienda de Pradenas. Según Galera, fue porque los agentes de la Comisaría Sexta constataron que la niña no estaba allí. Sin embargo, un documento de la oficial Raquel Bustos da cuenta de que nadie ingresó al domicilio del actual imputado, sino que este sólo la recibió en el puerta. Como tercer argumento, los legisladores postularon dos situaciones.


       La primera, que el 14 de mayo la madre quiso entregar la foto de Micaela para que se difundiera en los medios y en el Quinto Juzgado no se la aceptaron porque no llevaba la partida de nacimiento. La segunda, ese mismo día no fue tenida en cuenta la petición verbal de Marta Reina, en la que constaba que la niña estaba amenazada de muerte por Pradenas.

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