El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó este domingo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de mentir sobre la última cifra del éxodo de personas del país que publicó esta semana y que alertó que alcanzó un nuevo pico: más de 4 millones de personas desde 2016. 

“En estrategia contra Venezuela retoman la matriz migratoria que había desaparecido de los medios de comunicación desde enero. La derrota y el desespero los lleva a reciclar temas, readecuando la obsesiva agresión contra el país”, aseguró Arreaza en su cuenta de Twitter.

En los últimos tres años y medio, millones de personas abandonaron Venezuela, algunos por avión a destinos más lejanos y con más recursos para iniciar una nueva vida, y otros, la mayoría, a pie hacia los países vecinos para instalarse de manera precaria y casi sin dinero en busca de un trabajo que les permita enviar remesas a sus familiares.

La gran mayoría de venezolanos se han trasladado a otros países de la región, como Colombia que recibe a 1,3 millones de ellos, seguido de Perú, con 768.000; Chile con 288.000; Ecuador con 263.000; Argentina con 130.000; y Brasil con 168.000, según la agencia de noticias EFE.

El jueves pasado, el gobierno peruano anunció que comenzará a pedir una visa humanitaria a los venezolanos que quieran ingresar e instalarse en el país, para frenar lo que calificaron como “inmigración ilegal”.

Cuando el éxodo se volvió masivo y cotidiano tanto el Acnur como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las dos organizaciones no estatales referentes en flujos de migrantes y refugiados en el mundo, se unieron para manejar una misión regional que asistiera y protegiera, en lo posible, a los venezolanos en el exterior. 

Desde el Acnur, hace más de un año que cuentan que todos los venezolanos entrevistados en los países vecinos explican que se fueron de sus casas y dejaron a sus familias porque, aún si tenían trabajo o recibían ayuda del Estado, nada de esto era suficiente para comprar los bienes básicos o para tener una cobertura médica mínima. 

A partir de eso, la ONU comenzó a alertar sobre una crisis humanitaria dentro de Venezuela, una situación de escasez que finalmente el gobierno de Nicolás Maduro reconoció, pero adjudicó simplemente a las sanciones impuestas por Estados Unidos, a las que calificó como “un bloqueo”.

Sin embargo, hasta 2018, las sanciones estadounidenses solo estaban dirigidas contra individuos del gobierno y el oficialismo venezolano, includo el presidente Maduro. Recién hace un año y medio comenzaron a afectar al comercio exterior del país sudamericano y a su sector productivo.