Alerta de Defensa Civil por tormentas y granizo
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4 de diciembre de 2009
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GUAYMALLÉN

Vecinos de Villa Nueva impidieron un desalojo

?La dueña de la casa ya pagó la vivienda pero fue estafada por su abogado. Sesenta por ciento de la gente del barrio El Portal 11 tiene juicios contra la empresa constructora. Incidentes al finalizar el procedimiento.

   Una dramática jornada vivieron ayer los vecinos del barrio El Portal 11, en Villa Nueva, Guaymallén. Mediante una orden de la jueza Gloria Cortese, funcionarios judiciales y policías intentaron desalojar a Ana Obando (46) y a su familia, por una supuesta deuda. La mujer, desesperada, se roció con kerosén e intentó quemarse en el momento en que cargaban sus pertenencias en dos camiones. El procedimiento judicial, realizado en la vivienda ubicada en el carril Urquiza al 4800, fue suspendido tras más de nueve horas de nerviosas e intensas negociaciones.

   Los vecinos de Ana se autoconvocaron y a los gritos le aconsejaron que no firmara la entrega de la vivienda ni aceptara ningún tipo de arreglos, y cuando los funcionarios judiciales colocaron una mesa en el jardín del frente de la casa para elaborar el acta, decididos, cortaron la calle en solidaridad con la familia. Mientras todo eso sucedía, Sebastián, el nieto de Ana lloraba desconsolado, y los hijos de la mujer acudían desesperados a los medios presentes para que los apoyaran. Es que estaban indefensos, su abogado, Carlos Sangrá, sólo estuvo unos minutos al inicio del operativo y luego se retiró para no volver.

   EL BARRIO. Ana Obando no es la única persona de El Portal que tiene problemas judiciales. Más de 60% de los habitantes de las unidades habitacionales están en litigio con la empresa constructora Malbeck SA, propiedad del ingeniero Gerardo Catapano. MENDOZA Todos los vecinos que dialogaron con la prensa aseguraron que Catapano los ha estafado, que ya han cancelado, en su mayoría, la deuda, pero que, por un artilugio legal, Malbeck SA ha revaluado sus casas de tal modo que se les hace imposible pagar lo que les exigen. Exhibieron recibos, facturas, escrituras que consideran truchas y denuncias que descansan en un voluminoso expediente en la Defensoría del Consumidor.

   DESPROTEGIDA. Ana Obando es costurera, perdió a su marido hace ocho años, vive con cuatro de sus hijos, una nuera y un nieto. Desde hace dos meses concurre todas las mañanas a las 7 al hospital para hacerse un tratamiento de quimioterapia porque padece de cáncer de útero. Luego del tratamiento se traslada a un taller de costura en el centro, donde trabaja hasta las 0. “Este es el peor día de mi vida. Si me estafaron, quiero una oportunidad pero que no me quiten mi casa”, decía entre llantos la mujer, quien, bajo una terrible presión, era instada a firmar un acta por la cual abandonaba la vivienda, la que quedaba en custodia judicial, al igual que sus muebles, pero le ofrecían pagarle un hotel y que concurriera hoy a denunciar penalmente a su abogado, Carlos Sangrá, “por haberse quedado con el dinero de las cuotas”, según explicaron sus hijos.

   Cuando varios vecinos, según contaron, advirtieron la maniobra, le pidieron que les devolviera el dinero y este les pagó “con cheques sin fondos”. Sangrá es un conocido dirigente político, actual presidente del PJ de Godoy Cruz. Los vecinos gritaban: “Ana, no firmés. Ana, no dejés tu casa”. Se trenzaron en discusión con la abogada Natalia Santander, representante de Catapano, el constructor y comercializador del barrio. Escenas dramáticas se vivieron con la dueña de la casa llorando, sin saber qué hacer. La gente, al ver la vacilación de la familia, corrió a cortar la calle para presionar por la suspensión de la medida judicial, lo que finalmente sucedió. Ana y sus hijos, de todos modos, no quedaron tranquilos. La fría abogada y los funcionarios le advirtieron que van a volver.

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