El diputado nacional radical Enrique Vaquié presentará este viernes en la Fiscalía de Estado de la provincia un pedido para impugnar el porcentaje que le corresponde a Mendoza según lo que establece el Acuerdo Federal para la Implementación de la Ley 26.741.

El legislador explicó que dicho porcentaje es “incorrecto e insuficiente” y afecta gravemente los intereses económicos de Mendoza. Por eso, solicitará a Fiscalía de Estado que investigue y accione su mandato constitucional: el Fiscal “ha de demandar la nulidad de toda ley, decreto, contrato, o resolución que en cualquier forma perjudiquen los intereses fiscales de Mendoza”, como figura en el art. 177 de la Constitución provincial.

Siguiendo las pautas del Acuerdo Federal, la provincia de Mendoza en su calidad de integrante de la OFEPHI resultó cesionaria del 20,6% de las acciones correspondientes a las provincias. Sin embargo, conforme a la información disponible y pública en relación a los requisitos establecidos por el artículo 8 de la ley 26.741 –producción y reservas comprobadas–, a Mendoza no le corresponde menos del 25,14% de las acciones.

“El valor del activo resignado por el gobernador Pérez, tomando la cotización del 23/10/12 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ($ 80,00 por acción) es, por el momento, de $365.105.600 (pesos)”, explicó Vaquié.

Según consta en el escrito que Vaquié presentará, el Acuerdo Federal firmado por los gobernadores no es suficiente para considerar aceptado ese porcentaje por Mendoza como lo exige el artículo 8 de la ley 26.741 para el dictado del decreto reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional.

Vaquié afirmó que “la OFEPHI no tiene las atribuciones necesarias delegadas por los poderes provinciales para que con la sola firma del Gobernador en un Acuerdo Federal se obligue a la provincia a aceptar ese porcentaje allí establecido. Según la legislación provincial y nacional, con claridad surge la necesidad de la aprobación por parte de las legislaturas locales de esos porcentajes a determinar. Esto no se ha realizado y, sin embargo, el Acuerdo ya ha comenzado a surtir efectos jurídicos. Y, lo que es peor, no se hicieron públicos la totalidad de los mecanismos que lo definen, se actuó sin respetar los procedimientos requeridos y al margen del ojo público”.