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23 de febrero de 2021
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Punto de vista

Vacunas: por qué la Provincia debe y puede publicar los datos

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La ministra Nadal, vacunada.

Rodolfo Suarez no debería demorar la respuesta al pedido hecho desde la Legislatura. Los derechos que están en pugna y cuál debería prevalecer.

El Gobierno de Mendoza dejó pasar una oportunidad única para sumar transparencia. La tenía ahí, servida, casi a pedido de un gobernador que suele aprovechar más los errores rivales que los méritos propios. Y no la vio. O sus asesores no la vieron. Si la provincia tiene un sistema garantido de vacunación, había que mostrarlo. Ahora ya es tarde. Puede hacerlo. Debe hacerlo. Pero le ganaron de mano.

Desde la Legislatura plantearon la necesidad de conocer el listado de personas que fueron inoculadas contra el coronavirus en Mendoza. Todos estuvieron de acuerdo. Habrá que esperar la respuesta del Ejecutivo. Sin embargo, será una reacción. Lo que se pretendía era una acción.

En los últimos días, a partir del escándalo del vacunatorio VIP para los amigos del poder a nivel nacional, cada jurisdicción hizo foco en el pago chico; en ver qué pasaba en casa; si acá o allá también estaban ocurriendo las mismas tropelías que fueron avaladas, guste o no, por las máximas autoridades de la Nación. Porque, echar a Ginés González fue apenas un gesto desesperado para frenar el malestar social. El segundo recurso fue dar a conocer el nombre de 70 beneficiarios que, fuera de protocolo, recibieron su dosis. Tampoco hizo efecto y puso en una situación más que incómoda a la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti. El tercer acto fue culpar a los periodistas por informar lo que estaba ocurriendo, como si, de ese modo, los responsables pudiesen lavar sus culpas. El nivel de irritabilidad subió. Y la palabra que conjugó todas esas conductas fue “inmoralidad”.

En Mendoza, Rodolfo Suarez aprovechó el momento. Es un político muy carpe diem. Siempre lo fue. Acaso, su carrera está signada por saber leer la realidad y explotar el sentido de la oportunidad. Dijo que era imposible que en la provincia ocurriera algo así y que las vacunas estaban controladas a través de un sistema que permitía darles trazabilidad. En otras palabras, tener un tablero de comando para saber cuándo, dónde y quién recibió el pinchazo. Ningún privilegiado, ninguno por fuera del esquema establecido, según las palabras del mandatario, pero sin un documento público que avale sus declaraciones.

En medio de la conmoción, lo que valen son los papeles. Esos papeles deben contener las listas de los vacunados en Mendoza. De esa manera se podrá escrutar, indagar y escudriñar. Es una apuesta fuerte. Doble o nada. Si está todo en orden, la imagen del gobernador crecerá aún más de lo que muestran las encuestas de las consultoras amigas. De lo contrario, tendrá que rendir cuentas.

El argumento del derecho a la privacidad, a la intimidad de las personas y el secreto médico pasa a segundo plano. Ese combo pierde frente a la importancia del derecho a la información pública. Y, las autoridades deben actuar en consecuencia al que prevalece. Es lo que ocurre cuando se plantea una pugna entre derechos: los individuales sucumben ante el interés colectivo.

No hay perjuicio para quienes fueron vacunados. No los afecta. No son datos sensibles ni quedan expuestos; siempre y cuando, todo esté en orden. 

Los derechos no son absolutos. Deben ser puestos y analizados en un contexto. En el actual, por ejemplo, la noción de “salud pública” predomina. Ante la evidencia de lo ocurrido en la Nación, es lógico que la demanda social sea saber si en Mendoza se cumplen los protocolos de vacunación. El único capaz de responder es el Gobierno. Deberá moverse con premura; de manera expedita ante el requerimiento legislativo. Que la Casa de la Leyes haga de contralor. Y, ver si es capaz de capitalizarlo políticamente.

 

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